El 6 de febrero, miles de toneladas se desplomaron en el vertedero de Zaldívar, una localidad de Vizcaya, en el País Vasco. El derrumbe sepultó a dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, de 51 y 62 años respectivamente. Casi seis meses después, sus cuerpos siguen desaparecidos. Entre medias, una pandemia, unas elecciones autonómicas y una investigación interrumpida que el 21 de julio dio un nuevo paso: la jueza encargada del caso ordenó la detención del dueño y de dos altos cargos de la empresa que gestionaba la escombrera.
Ya en junio, la policía vasca encontró "principios de criminalidad" en la gestión del vertedero, según las apreciaciones del sumario. Acusaron a Verter Recycling de "actuaciones irregulares". Supuestamente, los empleados ya habían advertido del riesgo de deslizamientos antes de que el alud de un millón y medio de metros cúbicos sepultara a Beltrán y Solouze. El episodio drámatico también sirvió para poner el foco en las deficiencias del tratamiento de residuos en el país.
No se resolvió la catástrofe entonces. Iniciaron las búsquedas con EPIs (Equipos de Protección Integral) y pronto llegó la epidemia de coronavirus, que bloqueó las actuaciones. Además, el altercado se produjo días antes de unos comicios autonómicos que se suspendieron hasta el pasado 12 de julio. Iñigo Urkullu, que ostentaba la presidencia vasca y ha revalidado el título, tuvo que pedir disculpas en sede parlamentaria por los posibles errores cometidos con la instalación, aunque responsabilizó a la empresa adjudicataria. Los costes de la búsqueda se cifran en 10 millones de euros.
