"El Bono Salud de 500 bolivianos (72 dólares) beneficiará a más de tres millones de personas, ahora la Asamblea del MAS debe liberar el dinero de los bolivianos para que comencemos a pagar ese bono", dijo Áñez en un discurso vía internet.
El nuevo plan de alivio, que se sumaría a otros bonos otorgados recientemente con recursos nacionales, fue anunciado por Áñez en medio de una dura disputa entre la administración transitoria y el Parlamento sobre el uso de donaciones y créditos extranjeros durante la crisis sanitaria.
Condicionamiento
"Lanzamos el Bono Salud, pero la Asamblea del MAS debe liberar los fondos para pagarlo. Esos fondos son de los bolivianos, no de los asambleístas. Si los asambleístas del MAS liberan esos fondos, en una semana comenzaremos a pagar", apuntó la gobernante en su cuenta de la red social Twitter luego de su discurso.
Lanzamos el Bono Salud, pero la Asamblea del MAS debe liberar los fondos para pagarlo. Esos fondos son de los bolivianos, no de los asambleístas. Si los asambleístas del MAS liberan esos fondos, en una semana comenzaremos a pagar el Bono Salud a más de tres millones de personas.
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 20, 2020
El ministro de Salud, Óscar Mercado, dijo paralelamente a reporteros que el nuevo bono implicaría un gasto total de unos 230 millones de dólares y beneficiaría a los ciudadanos de entre 18 y 60 años de edad que no reciben salarios fijos ni rentas estatales.
El plan gubernamental no tenía buena acogida en el Parlamento, donde destacados senadores y diputados del MAS lo calificaron como "chantaje" y "oferta electoral", por la proximidad de la campaña política rumbo a las elecciones generales del 6 de septiembre.
"Es una pena que ahora el Gobierno recurra al chantaje, para que la Asamblea apruebe créditos sin cumplir la Constitución, con el pretexto de pagar nuevos bonos", dijo a reporteros el primer vicepresidente del Senado, Omar Aguilar, del MAS.
Señaló que como "requisito previo inexcusable" para la aprobación de nuevos créditos, el Parlamento debería recibir del Gobierno una información precisa sobre el uso de recursos externos ya recibidos, tanto donaciones como préstamos, para enfrentar la pandemia.
Criterios similares fueron manifestados por el diputado masista Franklin Flores y por el dirigente de los sindicatos cocaleros Leonardo Loza.
La polémica se centra particularmente en un préstamo de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que el Gobierno ya recibió, según su propio anuncio, pero el Parlamento lo rechazó por falta de un contrato y un plan de gastos.
El MAS observó también que en una carta de intenciones firmada por el Gobierno y el FMI, la Administración Áñez aceptó considerar una posible devaluación monetaria tras la pandemia, entre otros supuestos condicionamientos del organismo internacional.
En otro episodio del enfrentamiento, el parlamento sancionó y promulgó a principios de julio una ley, rechazada por Áñez, que endurece el control parlamentario sobre el financiamiento externo.
