"En diversas comunidades a lo largo de Colombia grupos armados han impuesto violentamente sus propias reglas para prevenir la propagación del COVID-19", aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, citado en el reporte.
"Este brutal control social refleja las históricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo", agregó el funcionario.
HRW precisó que el reporte fue elaborado con base en entrevistas telefónicas que hizo entre marzo y junio pasados a 55 personas en 13 departamentos de Colombia.
Entre los entrevistados hay líderes comunitarios, fiscales, funcionarios de organizaciones humanitarias, policías y residentes locales; entre las fuentes secundarias están incluidas publicaciones de la Defensoría del Pueblo (ombudsman) y de organizaciones locales de derechos humanos.
"Nuestras investigaciones demuestran que los grupos armados informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación del COVID-19 en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia (…). En al menos cinco de estos departamentos los grupos utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento de sus normas, y en al menos otros cuatro amenazaron con recurrir a la violencia", precisó HRW.
"Las medidas que imponen los grupos armados han menoscabado todavía más el acceso a alimentos para las comunidades que viven en situación de pobreza, acceso que ya era limitado debido al aislamiento ordenado por el Gobierno", agrega la organización.
