"La inseguridad que enfrentan excombatientes de las FARC-EP, comunidades, defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes y lideresas sociales siegue siendo nuestra mayor preocupación y lamentablemente ha continuado durante la pandemia", dijo el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
El funcionario presentó de manera virtual ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el informe trimestral del avance en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, que comprendió del 27 de marzo al 26 de junio de 2020.
Reconoció que pese a ello, las autoridades han dado con los responsables de varios de los crímenes.
Además, consideró que "todos los esfuerzos ahora deberían enfocarse en los efectos de la pandemia, proteger a los más vulnerables y asegurar que los esfuerzos para construir la paz continúen avanzando en medio de esta difícil tormenta".
A su turno, la canciller de Colombia, Claudia Blum, quien también participó en la presentación del informe de manera virtual, señaló que se han emitido 198 órdenes de detención frente a los 210 asesinatos de excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz.
"Como resultado de las investigaciones, está bastante claro que los ataques están relacionados con la complejidad del contexto, y la amenaza que suponen los grupos armados organizados involucrados en el tráfico de droga y en la minoría ilegal", dijo Blum.
Al respecto, señaló como responsables de esos crímenes a disidentes de las FARC, a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a otros grupos armados ilegales.
Según el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, surgido tras la disolución de la guerrilla, han sido asesinados 218 excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
