"Hay diferentes reacciones por parte de los comercios, algunos estamos abriendo y otros están cerrados, pero estamos esperando instrucciones por parte del Gobierno porque de momento no sabemos qué hacer", explica a Sputnik la propietaria de una floristería de la ciudad de Lleida, Cristina Armengol.
Armengol optó por abrir esta mañana, pero varios comercios de su calle situada en pleno centro de la ciudad permanecieron cerrados ante la falta de información y también de clientela, cada vez más reacia ante el aumento de contagios en las últimas semanas.
"Esto es un desastre económico. Si no nos mata el virus, nos matará el hambre", lamenta esta florista, que por segunda vez en pocos meses afronta el cierre indefinido de su pequeño negocio.
Cataluña frente a la justicia por la gestión sanitaria
Durante los 100 días de estado de alarma en España, el Gobierno de Pedro Sánchez se encargó de gestionar las duras restricciones que limitaron la libertad de los ciudadanos para contener al coronavirus.
Fue una situación inédita para un sistema sanitario basado en la descentralización, donde cada una de las 17 comunidades autónomas del país se encarga de la sanidad en su territorio.
El 12 de julio, el Gobierno catalán anunciaba que los habitantes de Lleida y otros siete municipios de la comarca del Segrià debían volver a confinarse en sus hogares para contener un alarmante repunte de los casos de coronavirus.
"La población tendrá que quedarse en casa excepto para ir a trabajar cuando no se pueda hacer teletrabajo", anunció en rueda de prensa la consejera de Sanidad del Gobierno catalán, Alba Vergés.
Pero mientras más de 160.000 personas se mentalizaban para volver a un escenario de aislamiento, la magistrada del juzgado número 1 de Lleida en funciones de guardia firmaba de madrugada un rechazo a esta orden, que debía entrar en vigor el día 13.
"Las medidas pretendidas no sólo no son proporcionales sino que se basan en datos y expresiones genéricas que hacen que una medida tan gravosa y restrictiva resulte indiscriminada a la par que desproporcionada", afirmó la juez en un escrito con el que bloqueaba la aplicación del confinamiento en la zona.
Además de ver "desproporcionada" la medida por la situación epidemiológica, la magistrada consideró que la orden contemplaba restricciones propias del estado de alarma, una herramienta que solo puede aplicar el Gobierno central.
Confusión en el Segrià mientras crecen los brotes
La resolución judicial desató el caos en los municipios afectados, donde los negocios ya se estaban preparando para cerrar de nuevo y los ciudadanos volvían a aislarse en sus casas.
El Segrià se sitúa en un limbo legal mientras la situación epidemiológica sigue complicándose en la zona, con un ritmo de más de 200 nuevos casos de COVID-19 cada día.
"No aceptamos esta decisión judicial y asumo las consecuencias que se deriven de esto, pero no puedo poner en peligro la vida de las personas. Estamos hablando de medidas de protección urgentes", manifestó el líder de la región.
El Gobierno de España tampoco esperaba que un juez tumbara la petición de confinamiento por parte de un gobierno autonómico, y el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, manifestó en rueda de prensa que "la prioridad era controlar el brote".
"No parece, por lo que sabemos, que invada competencias", afirmó el ministro, haciendo eco de la perplejidad expresada por las autoridades catalanas ante el veto judicial.
El Gobierno de Quim Torra prepara ahora una nueva resolución para proceder al confinamiento del Segrià, con modificaciones para sortear el bloqueo y tras haber aprobado de urgencia un decreto ley que pretende blindar jurídicamente este tipo de restricciones en Cataluña.
📸 Los médicos residentes salen a la huelga en Madrid en protesta por las condiciones en las que trabajan desde hace años
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Sin embargo, no está garantizado que la nueva resolución prospere, ya la Fiscalía amenazó con intentar tumbarla de nuevo, por lo que de momento el Gobierno catalán sólo puede recomendar a los ciudadanos que acaten sus instrucciones.
La economía local, amenazada por el reconfinamiento
A la espera de un desenlace de este periplo judicial, los alcaldes de los ocho municipios afectados comparecieron públicamente en una rueda de prensa conjunta para reclamar que se aclare la confusión jurídica.
"Que alguien nos diga en qué situación estamos, porque la ciudadanía está desorientada y tenemos que saber qué decir a los bares, restaurantes y comercios", pidió Manel Ezquerra, el alcalde de Alcarràs, una localidad de poco más de 9.400 habitantes.
De momento, y pese al veto legal, el Gobierno catalán avanzó que las restricciones que se implementarán serán un poco más laxas que las del estado de alarma en los peores días de la pandemia.
Sin embargo, deberán permanecer cerrados al público los locales de restauración, que solo podrán operar mediante encargos para recoger, y todos los establecimientos hoteleros y de ocio.
"Estamos ante una situación con datos epidemiológicos que nos dicen que tenemos que tomar medidas estrictas y reducir la movilidad. Tenemos el virus aún entre nosotros y debemos ser muy conscientes de la importancia de estas medidas", afirmó la portavoz gubernamental.
Desde su floristería en Lleida, Armengol desea que hubiera alternativas a un nuevo confinamiento: "pienso que se puede hacer de otra manera, porque la economía y especialmente el pequeño comercio no nos vamos a recuperar".
El Gobierno de Cataluña anunció que dotará con líneas de ayudas directas por valor de 6,5 millones de euros a los municipios y comercios en El Segrià afectados por las restricciones.
Sin embargo, los rebrotes siguen creciendo en toda España y la situación en otras zonas de Cataluña más pobladas, como Barcelona y su ciudad vecina l'Hospitalet de Llobregat, amenazan una economía que apenas comenzaba a arrancar de nuevo tras el parón por la pandemia.
