Algunos grupos sociales, e incluso departamentos del Gobierno, discrepan de la entrada en vigor de la ley al considerar que primero sería necesario garantizar la eficacia de los servicios de rehabilitación previstos en la ley para las miles de prostitutas que perderán su trabajo.
Los clientes que sean multados por primera vez tendrán que pagar 530 dólares, una cantidad que se doblará en las siguientes ocasiones si estas se producen en un plazo de tres años desde la primera infracción, hasta una multa máxima de 20.400 dólares.
La Knéset previó que la ley entrara en vigor a mediados del año en curso, aunque distintos grupos sociales han protestado por considerar que el Gobierno no ha provisto de fondos los programas de rehabilitación previstos por la ley para las prostitutas.
Algunos grupos sociales critican que el Gobierno haya "abandonado a la población más vulnerable" y han pedido al ministerio de Justicia que aplace la entrada en vigor de la ley.
Pero el ministro de Justicia, Avi Nissenkorn, replicó a los críticos que la ley tiene que entrar en vigor ahora porque "las mujeres no son una propiedad y sus cuerpos no están en alquiler a cualquier precio".
El 71% de las prostitutas declararon entonces que empezaron a trabajar en el sector por motivos financieros y el 76% dijeron que dejarían su profesión si pudieran.
Suecia fue el primer país del mundo que introdujo multas a los clientes de la prostitución en 1999, y desde entonces otros países europeos imitaron esa decisión.
