"En la mayoría de centros penitenciarios del país se detectó que no era posible acatar la medida de 'sana distancia' derivado de la sobrepoblación y hacinamiento en algunos espacios", advierte un estudio de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman federal).
En los 300 centros carcelarios y penitenciarios de México no hay insumos suficientes y tampoco se cuenta con equipo médico ni infraestructura suficiente para atender los casos de contagios y que según el más reciente recuento llegan a los 686, indica el informe.
"Acá no nos dan cubrebocas, no nos atienden y tampoco limpian para que el virus no nos alcance. Han habido muchísimos compañeros muertos y no dejan que los medios de comunicación entren", dijo en su mensaje desesperado la interna.
La mayor concentración de contagios se encuentra en el central estado de Puebla donde se registran 195 casos confirmados y 24 muertes.
Ante esa propagación, las autoridades han dispuesto ya la adecuación de una instalación carcelaria para trasladas allí a los contagiados.
Amnistia sin resultados
A mediados de abril, el Congreso legislativo aprobó una ley de amnistía para descongestionar los penales donde están encerradas más de 250.000 personas.
Mientras tanto, las autoridades investigan si son responsables de delitos considerados de alguna gravedad, en un lento proceso altamente burocratizado y un sistema judicial desbordado por las altas tasas de crímenes.
Según una estimación de organizaciones de derechos humanos, apenas unos 1.096 presos se han beneficiado de la excarcelación durante la pandemia.
Este beneficio se debe a que los trámites exigidos hacen que sea muy engorroso solicitarlo.
En muchos casos, las propias autoridades judiciales desconocen los alcances de estos beneficios establecidos en las leyes.
La ineficiencia es tan grande que, cuando se hizo un censo de estos casos, los responsables carcelarios encontraron que en este país no hay personas condenadas por este delito en penales federales, solo en algunos de los 32 estados.
La aplicación de la amnistía también la impide la falta de recursos para atender a posibles beneficiarios indígenas que no hablan español.
Según el censo estatal hay 8.743 presos de ese origen étnico, pero en pocos estados se cuentan con traductores en el sistema judicial para informarles de sus derechos.
"Hay casos en los que hubo imprecisión y pueden existir mejoras en la amnistía", admitió el senador Emilio Alvarez Icaza, quien fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechpos Humanos (2012-2016).
Insalubridad crónica
Además de la sobrepoblación y la falta de medicamentos y equipo para atender la pandemia, la autónoma CNDH reportó que, en la mayoría de cárceles, las instalaciones son deficientes e insalubres.
Tampoco existen programas que permitan visibilizar a los grupos que pueden ser más vulnerables al interior de las prisiones, como las personas que sufren alguna discapacidad o enfermedades crónicas, según la citada investigación.
Hilda Téllez, reconocida defensora de derechos humanos y responsable de temas penitenciarios en la CNDH, señaló que la pandemia "desnudó problemas que están arraigados" en el sistema carcelario mexicano.
El hacinamiento en las prisiones, con sangrientos motines, es un escenario complejo que este país arrastrando hace muchísimos años.
"La pandemia no agarró prevenido a nadie en el mundo, mucho menos a las cárceles", señaló Téllez en un foro para analizar el reto de la propagación del nuevo coronavirus en las prisiones.
En México hay 255.638 personas privadas de su libertad, según las cifras del Observatorio Federal de Prisiones.
Entre ellos hay 107.295 personas recluidas que no tienen sentencia y que se encuentran en "prisión preventiva", es decir, más de 40% que esperan sus veredictos.
Para miles, la justicia nunca llega o llega tarde, que es igual.
