Con una crisis económica preexistente y en medio de la renegociación de la deuda externa, el brote de COVID-19 en Argentina tiró por tierra todo plan de recuperación de corto plazo. La pospandemia encontrará al país y su población más empobrecida que antes, con grandes dificultades para una reactivación y un Estado más demandado de contención que nunca.
"Tanto el aporte —por única vez— de las grandes fortunas como buscar un salario universal para todos aquellos que están en situación crítica, en materia social, me parece que son salidas válidas que en todo el mundo se está viendo y se está aplicando", dijo el presidente, Alberto Fernández, en una entrevista televisiva a mediados de junio.
Además del conjunto del empleo público, el Estado se encuentra pagando 50% de los sueldos de 2 millones de personas, más el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que beneficia a alrededor de 9 millones de personas en situaciones de informalidad, impedidas de una subsistencia en tiempos de cuarentena.
A esto se suman todos las prestaciones que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses): jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, seguros de desempleo y otros programas de contención e inclusión por transferencia condicionada de ingresos.
Contra la trampa de la pobreza
El Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que encabeza el economista y actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, realizaron una propuesta superadora para el contexto de la emergencia, y que pretende responder a las limitaciones del sistema social.
Rameri opinó que el esquema de política social, un conjunto de programas de transferencia monetaria condicionada, está mostrando sus límites por diversos motivos, no llega a cubrir a toda la población que precisa de estos ingresos para subsistir y tiene fuertes brechas de cobertura.
"Las políticas de carácter universal privilegian a la persona, en cambio la unidad de observación de la política social hoy es el hogar. Terminan dejando afuera a un conjunto de la población que, a pesar de atravesar condiciones de necesidad, no logran ingresar al programa", comentó la economista e investigadora.
Explicó que lo que aparece es un sistema fragmentado y tratamientos desiguales a poblaciones que están en las mismas condiciones de necesidad, como ocurre con buena parte de la población que transita desocupación, informalidad o registraciones de carácter vulnerable, como los monotributistas sociales o el servicio doméstico.
Rameri describió que lo que termina ocurriendo es que generalmente la población receptora de un programa social, que debe atravesar una fuerte estigmatización, complementa sus ingresos en el mundo de la economía informal y de subsistencia, para evitar perder el beneficio. Esto, con una medida universal, no sucedería, aseguró.
Piso mínimo salarial efectivo
Según la propuesta del IPyPP, la renta básica universal estaría compuesta por dos grandes instrumentos: un salario universal incondicional para la población de entre 18 y 65 años, equivalente al salario mínimo de $17.000 pesos argentinos (240 dólares), para el conjunto de la fuerza laboral que no tiene garantizado un ingreso por la vía formal, y además efectivizar la Asignación Universal por Hijo (AUH), de 4.000 pesos (56 dólares).
Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Argentina, más de un millón de jóvenes no cuentan con acceso al sistema de protección social y 10% de los que deberían estar cubiertos por la AUH no lo reciben porque el sistema es punitivo cuando los padres o tutores de los niños tienen problemas para certificar las condicionalidades para recibirlo.
"No es cierto que eso desalienta la salida al mercado de trabajo. Los receptores de los programas, que son muy de subsistencia, buscan sostener estándares de vida. La posibilidad de tener garantizado cierto nivel de ingreso, permite insertarse de otra forma, con mayor autonomía para rechazar condiciones denigrantes de trabajo. Genera un efectivo piso mínimo salarial que repercute en general en el resto del entramado productivo", destacó la economista.
Ideas para la pospandemia
"La pospandemia invita a reflexionar sobre la configuración actual de los esquemas de política social que claramente están agotados. Por qué no pensar que una parte de ese salario universal trate de reconocer y remunerar lo que hoy quedó claro que es un trabajo de enorme relevancia, que es el de los cuidados, el conjunto de actividades laborales que se hacen dentro del hogar, que tienen que ver con la economía no monetaria", profundizó Rameri.
"Están vaciadas de contenido y la ven solamente como una forma de relanzar la demanda de bienes y servicios, estructuralmente deprimida y que la pandemia ha agudizado, para volver a generar el esquema de negocios. Para estos sectores reaccionarios, la idea de un ingreso universal viene a sustituir garantías de un Estado de bienestar diezmado. Nosotros creemos lo contrario: tiene que ir acompañado de su reforzamiento", concluyó.
El IPyPP destaca que la puesta en práctica de este tipo de políticas, que costarían alrededor de 3% del PBI nacional, pueden ser financiables a través de una reforma fiscal. Calculan que con un impuesto a los 32.000 millonarios con grandes fortunas y una alícuota extraordinaria a la facturacion de las grandes empresas y bancos sería posible sostener ocho meses de renta básica garantizada.
