Según avanzó el digital El Diario y reprodujeron varios medios locales, las pesquisas se centran en el contexto irregular en que se produjo el traslado y vertido de estos residuos, procedentes de hospitales y residencias de ancianos.
El protocolo de las empresas de gestión de residuos indica que para destruirlos, estos deben ser transportados en vehículos especiales y cerrados, sin mezclarse con el resto de la basura.
De confirmarse, estos hechos podrían constituir un delito contra el medio ambiente y también contra los derechos de los trabajadores, ya que los operarios estuvieron expuestos a los restos contaminantes, considera el fiscal.
Durante la crisis sanitaria derivada de la expansión del COVID-19 por España, la gestión de residuos quedó desbordada y el Gobierno estableció una serie de directrices para ordenar su recogida e incineración.
Varias regiones de España calcularon que el volumen de basura generada a raíz de la pandemia se incrementó por encima de un 300%.
En el caso de Cataluña, por ejemplo, la Agencia de Residuos regional registró un incremento del 350% de los residuos sanitarios, incluyendo mascarillas, guantes y otros materiales de protección.
Entre marzo y abril, en pleno pico de la emergencia sanitaria, se generaron en toda la región más de 1.200 toneladas de desechos, 925 más que en un periodo habitual.