"Los gobiernos tienden a culpar a las empresas por las violaciones de los derechos de los trabajadores, y las empresas, a su vez, tienden a ver la aplicación de los derechos laborales como un deber de las autoridades públicas, no suyo", dijo De Schutter citado por la web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) al subrayar que "este hábito de pasarse la pelota debe terminar".
Argumentó que "el incumplimiento por parte de un empleador de los derechos de sus empleados nunca puede justificarse por el hecho de que las autoridades del Estado no apliquen efectivamente la legislación nacional o no cumplan las normas internacionales de derechos humanos".
"La completa dependencia de los trabajadores migrantes estacionales en el negocio de la fresa de Huelva conduce rutinariamente a situaciones que equivalen a trabajos forzosos, con total desprecio tanto de las normas internacionales de derechos humanos como de la legislación nacional", afirmó De Schutter.
Añadió que la mayoría de los migrantes carecen de medidas de seguridad y protección en el trabajo y viven en asentamientos superpoblados con un acceso insuficiente a los servicios básicos, un hecho especialmente alarmante en medio de la pandemia del coronavirus.
El relator informó haber pedido aclaraciones a los Gobiernos de España y Marruecos, así como a las empresas interesadas.