"El proyecto plantea que los ciudadanos puedan ser parte de los procesos de casos públicos, entendidos como víctimas de la corrupción y por tanto participar en el enjuiciamiento", dijo Esteban Guarderas, activista ecuatoriano, en rueda de prensa virtual.
El proyecto también plantea que las grabaciones de audio y video que registren a funcionarios públicos cometiendo delitos, puedan ser incluidas como pruebas en los procesos judiciales.
Asimismo, incluye incentivos para las personas que denuncien casos de corrupción, aunque no especifica si esos estímulos serán en dinero o en especie.
Además, enfatiza en que no son necesarios los informes previos por parte de la Contraloría General de Ecuador, como condición para llevar adelante juicios por peculado o enriquecimiento ilícito en contra de funcionarios públicos.
Boris Cornejo, director de la Fundación Esquel, explicó que el Pacto Social por la Vida y el Ecuador es un acuerdo entre actores sociales y políticos, para abordar temas como la corrupción que afecta a la sociedad.
En la rueda de prensa también participaron el vicepresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y varios asambleístas. Ese organismo deberá tramitar el proyecto.
Desde mediados de marzo, a la emergencia sanitaria declarada en Ecuador por el COVID-19 se sumaron las denuncias de sobreprecios en las compras de insumos médicos y equipamiento, por parte de hospitales de la Seguridad Social y de la red pública de salud.
Solo la semana anterior, esa Fuerza de Tarea ejecutó 51 allanamientos en casas de salud y empresas privadas de las provincias Pichincha y Guayas. La Fiscalía informó que se han ejecutado operativos similares en 27 ciudades ecuatorianas.
Hasta la fecha se han realizado más de 60 allanamientos.