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Organizaciones de Ecuador proponen incluir a la ciudadanía en lucha anticorrupción

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QUITO (Sputnik) — Organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en el Pacto Social por la Vida y por el Ecuador presentaron un proyecto de Ley Anticorrupción que plantea incluir a la ciudadanía en los procesos judiciales por casos de corrupción.
"El proyecto plantea que los ciudadanos puedan ser parte de los procesos de casos públicos, entendidos como víctimas de la corrupción y por tanto participar en el enjuiciamiento", dijo Esteban Guarderas, activista ecuatoriano, en rueda de prensa virtual.

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Lo anterior permitiría a la ciudadanía fortalecer la acusación, por parte de la Fiscalía General y de la Procuraduría General del Estado, en los juicios por corrupción.

El proyecto también plantea que las grabaciones de audio y video que registren a funcionarios públicos cometiendo delitos, puedan ser incluidas como pruebas en los procesos judiciales.

Asimismo, incluye incentivos para las personas que denuncien casos de corrupción, aunque no especifica si esos estímulos serán en dinero o en especie.

Además, enfatiza en que no son necesarios los informes previos por parte de la Contraloría General de Ecuador, como condición para llevar adelante juicios por peculado o enriquecimiento ilícito en contra de funcionarios públicos.

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Hace poco ese requisito fue eliminado del Código Penal ecuatoriano, sin embargo, según el activista, es necesario incluirlo en el proyecto de Ley Anticorrupción que será presentado ante el Parlamento.

Boris Cornejo, director de la Fundación Esquel, explicó que el Pacto Social por la Vida y el Ecuador es un acuerdo entre actores sociales y políticos, para abordar temas como la corrupción que afecta a la sociedad.

En la rueda de prensa también participaron el vicepresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) y varios asambleístas. Ese organismo deberá tramitar el proyecto.

Desde mediados de marzo, a la emergencia sanitaria declarada en Ecuador por el COVID-19 se sumaron las denuncias de sobreprecios en las compras de insumos médicos y equipamiento, por parte de hospitales de la Seguridad Social y de la red pública de salud.

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La Fiscalía General del Estado creó, a inicios de junio, una Fuerza de Tarea junto a la Policía y otras instituciones públicas para investigar una presunta estructura delincuencial que estaría operando en esos hospitales.

Solo la semana anterior, esa Fuerza de Tarea ejecutó 51 allanamientos en casas de salud y empresas privadas de las provincias Pichincha y Guayas. La Fiscalía informó que se han ejecutado operativos similares en 27 ciudades ecuatorianas.

Hasta la fecha se han realizado más de 60 allanamientos.

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