"Mi parte no habrá de oponerse a que se reanude el debate de modo semipresencial", señaló la expresidenta (2007-2015), explicaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.
La vicepresidenta puntualizó que aceptará que prosiga el juicio oral donde se demostrarán las "falsas imputaciones" del Ejecutivo precedente, que operó como una "asociación ilícita" a través de una "mesa judicial" para perseguir a opositores.
A la consulta efectuada por el Tribunal Oral Federal 2 sobre la reanudación del juicio, Fernández de Kirchner instó por medio de su letrado a que se arbitren "los medios técnicos necesarios para garantizar que todo lo que ocurra en la audiencia pueda ser seguido por aquellas personas que resulten interesadas".
"Si bien dicha modalidad no abastece suficientemente las reglamentaciones generales del debate consagradas en el ordenamiento procesal penal, no voy a permitir que una eventual demora en el reinicio del juicio sea utilizada para agitar falsas y malintencionadas especulaciones dirigidas a confundir a la opinión pública sobre la existencia de un presunto 'plan de impunidad'", añadió la defensa en su presentación.
Actuaciones
El abogado de la vicepresidenta esgrimió que todas las actuaciones deben ser digitalizadas con antelación al comienzo de cada una de las audiencias.
"De tal manera, todos los intervinientes podremos tener, en tiempo real, la información actualizada necesaria para ejercer los derechos que nos fueron confiados", señaló.
El Tribunal Oral Federal 2 estableció hace unos días que el juicio que investiga supuestas maniobras en la concesión de la obra pública de la provincia de Santa Cruz deberá reanudarse a pesar de la feria judicial extraordinaria que rige por la pandemia del COVID-19 (causada por el nuevo coronavirus).
Las audiencias seguirán siendo los lunes, pero no se fijó la fecha de inicio.
El juicio a cargo de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu y Andrés Basso está suspendido desde marzo y se retomará con la testimonial de Javier Iguacel, que fue director de Vialidad durante el Gobierno de Mauricio Macri.
Entre los 13 inculpados que tiene el expediente se encuentra la vicepresidenta, acusada de favorecer al grupo Austral del empresario Lázaro Baez, detenido en el marco de otra causa.
