"A tres meses de cuarentena hemos publicado casi 50 reportes con denuncias sobre todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país: golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios", dice el informe al que accedió Sputnik.
En el escrito, la coordinadora deja en claro que no cuestiona las medidas de cuidado sanitario ordenadas por el presidente Alberto Fernández, que en las próximas horas anunciará una nueva extensión del confinamiento y una marcha atrás en la apertura social.
La oficina responsabiliza a las fuerzas de seguridad de asesinar una persona cada 19 horas en los últimos cuatro años.
"Las mismas que hacen a diario festivales de detenciones arbitrarias, que torturan sistemáticamente en cárceles y comisarías, que reprimen a lxs trabajadrxs que se organizan para defender sus derechos y que desaparecieron a Luciano Arruga, Santiago Maldonado y ahora a Luis Espinoza, entre otros casi 200 desaparecidxs en democracia", afirman.
La pesquisa cita algunos casos que tuvieron variada repercusión, como los fusilamientos de Nahuel Gómez el 28 de marzo; Rubén Sarso el 27 de abril; Alan Maidana el 24 de mayo; Lucas Barrios el 30 de mayo; Augusto Itaurralde el 14 de junio, y su amigo Diego Insaurralde 48 horas después; o el más reciente de Facundo Escalso.
"El incremento de detenciones arbitrarias, que se traduce en un aumento de las denuncias por imposición de tormentos en comisarías, también se refleja en una mayor cantidad de personas muertas en dependencias policiales", dice el informe.
Así, la Correpi certifica que, entre el 20 de marzo y el 31 de mayo se registraron 23 casos de muertes en lugares de detención, de los cuales ocho corresponden a comisarías y 15 a cárceles.
"La historia de la represión policial es la de la invisibilización, es el hecho que la hace eficaz", opinó a esta agencia la abogada María del Carmen Verdú, referente de Correpi.
Hasta el miércoles, las cuatro fuerzas federales de Argentina supervisaron a 12.048.801 personas durante casi tres meses para verificar el cumplimiento de la cuarentena que rige en el país a fin de prevenir la propagación del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, informó el Ministerio de Seguridad.
Desde el 21 de marzo y hasta las 14:00 hora local (17:00 GMT) del martes, 98.439 personas recibieron una infracción por la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal.
También fueron inspeccionados 8.650.951 vehículos en las carreteras de todo el país, y 4.731 automóviles fueron secuestrados al no tener justificación para circular.
En Argentina la cuarentena vigente desde el 20 de marzo se extenderá al menos hasta el 28 de junio.