"Hay pruebas suficientes de que la pena de muerte no sirve de factor disuasorio, pero al mismo tiempo hace irrevocable cualquier error judicial", dijo la oficina de la organización en Varsovia.
Recordó que los países de la OSCE acordaron que los estados que siguen aplicando la pena de muerte lo pueden hacer solo para los crímenes más graves y en conformidad con las obligaciones internacionales.
Además, se indica que 55 de los 57 países miembros de la OSCE cancelaron la pena de muerte o impusieron una moratoria como un paso importante hacia su cancelación.
Las primeras ejecuciones están programadas para los días 13, 15 y 17 de julio, y para el 28 de agosto, respectivamente, según el Departamento de Justicia.
Se prevé que se realizarán con el uso de un medicamento que, si se aplica en grandes dosis, causa la muerte por un paro respiratorio.
Su uso fue aprobado, entre otras instancias, por la Suprema Corte de EEUU, porque cumple con una enmienda a la constitución del país que prohíbe el uso de castigos excesivos, incluso en la pena de muerte.