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Presentan pedido de revocatoria de mandato contra el alcalde de Quito

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QUITO (Sputnik) — El Consejo Nacional Electoral de Ecuador recibió un pedido oficial para impulsar el trámite de revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Jorge Yunda.
"He presentado el pedido oficial de revocatoria del mandato por tres causas relativas a incumplimiento de funciones y atribuciones, establecidas en la Ley y Constitución de la República y el incumplimiento de los ofrecimientos de campaña", dijo a Sputnik el exintendente de Policía de la provincia Pichincha (cuya capital es Quito) y excandidato a prefecto de esa jurisdicción, Marcelo Hallo

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El pasado 14 de mayo, Yunda cumplió el primero de un total de cuatro años de mandato.

Tras presentar el pedido en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Hallo espera tener dentro de 21 días acceso a la clave para descargar los formularios del sistema informático del organismo, a fin de iniciar la recolección de firmas que respalden la propuesta.

Según Hallo, de acuerdo con la ley deberá recolectar alrededor de 168.000 firmas para respaldar su pedido de revocatoria del mandato de Yunda, aunque dijo que aspira a reunir unas 500.000 firmas.

El político dijo que espera que en febrero de 2021 los ciudadanos de Quito acudan a las urnas para decidir, en consulta popular, la remoción o continuidad de su alcalde, en la misma fecha en que los ecuatorianos elegirán al presidente que reemplazará a Lenín Moreno.

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Yunda acudió a la Fiscalía General para rendir su versión dentro de una investigación por supuesto sobreprecio en la compra de 100.000 pruebas PCR para detectar COVID-19, en un contrato celebrado por la Dirección de Salud del Municipio de Quito.

El fin de semana, la Contraloría General del Estado estableció indicios de responsabilidad penal por irregularidades en un contrato de repavimentación adjudicado por la Empresa Municipal de Obras Públicas.

Por esa contratación, Yunda y una empresa perteneciente al Seguro Social de las Fuerzas Armadas, fueron denunciados en la Fiscalía General por supuestos delitos de presunta delincuencia organizada y peculado en un contrato para la repavimentación de Quito, por un monto aproximado de 51 millones de dólares.

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