Sin embargo, esos recursos habrían sido tomados de los activos que Washington ha confiscado al Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de encabezar una red de corrupción masiva y narcotráfico, lo que en varias ocasiones fue desmentido por el presidente venezolano y su Gabinete.
Según el centro de investigación Diálogo Interamericano, los Departamentos de Justicia y Tesoro de Estados Unidos están reteniendo aproximadamente 1.000 millones de dólares, entre artículos bienes y cuentas decomisadas a funcionarios del Gobierno venezolano en sus respectivos Fondos de Decomiso.
No obstante, Washington se ha valido de los tribunales para mantener el control sobre esos recursos, recoge Univisión. En este caso, la ausencia de relaciones diplomáticas con el Gobierno de Maduro, así como el hecho de que Guaidó no controla ninguna de los entes gubernamentales en Venezuela han ayudado a frenar sus intentos de recuperar ese dinero.
Aunque los fondos y bienes incautados por los Departamentos de Justicia y del Tesoro pueden devolverse a los países afectados, también los recursos que concentran pueden utilizarse para pagar los gastos de las investigaciones que llevan a cabo. Asimismo, los ingresos se comparten con otras agencias federales, estatales y locales e incluso con países extranjeros, según su nivel de participación en las investigaciones.
En febrero de 2019, el presidente Trump declaró emergencia nacional después de perder una batalla con el Congreso por la financiación del muro. La emergencia sirvió entonces para justificar el desvío de 8.000 millones de dólares de otras cuentas del Gobierno para la construcción del muro, incluyendo los 601 millones de dólares del Fondo de Decomiso del Tesoro.
Aunque en el Congreso estadounidense intentó frenar el desvío de recursos del Fondo de Decomiso del Tesoro, e incluso se promulgó la llamada Ley VERDAD para obligar al Departamento de Estado a identificar, bloquear y recuperar los activos arrebatados a personas e instituciones de Venezuela por medios ilícitos, Venezuela no tiene certeza del destino de los recursos incautados por Washington.
