El lunes 15 de junio, TNI difundió la versión en español de un informe publicado a principios de mes.
En el informe se pueden ver algunos de esos "avisos":
- "Una vez pasada la emergencia, los Estados deberán enfrentar demandas de arbitraje entabladas por inversores extranjeros en virtud de tratados bilaterales de inversión vigentes". Abogados del bufete italiano ArbLit.
- "Los inversores extranjeros deben saber que los Estados no tienen total libertad para incumplir sus obligaciones en virtud de los tratados de inversión, sin perjuicio de la gravedad de la crisis". Bufete de abogados Linklaters.
De acuerdo con las conclusiones de TNI, instituto orientado a la "investigación y promoción de políticas por un mundo más justo, democrático y sostenible", los litigios podrían abarcar a Gobiernos que con distintas medidas:
- Aseguraron el acceso de la población a agua limpia para lavarse las manos.
- Asumieron el control de hospitales privados y hoteles para tratar a pacientes.
- Adoptaron medidas para asegurar el acceso universal a medicamentos, vacunas y pruebas.
- Suspendieron las actividades comerciales que habrían propagado el virus.
- Impidieron cortes en los servicios de agua, gas y electricidad por falta de pago.
Una industria millonaria
Olivet explicó que existe una verdadera industria de los arbitrajes entre Estados y empresas, que se dirimen en cortes de carácter privado y con árbitros designados para cada ocasión. Uno de ellos es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial (BM).
Muchas de ellas, como señala un abogado del bufete Reed Smith, "surgieron a raíz de circunstancias sociales difíciles, como la crisis financiera en Argentina a comienzos de la década de 2000 o la Primavera Árabe a comienzos de la década de 2010".
Con respecto a lo ocurrido en el país sudamericano, la experta recordó que durante la crisis de 2001 el Gobierno congeló las tarifas de servicios públicos y se definió una reestructura de los bonos soberanos de deuda.
"Estas medidas desembocaron en 42 demandas de empresas transnacionales contra el Estado y en muchos de esos casos los inversores obtuvieron grandes compensaciones", apuntó Olivet.
Argentina justificó su accionar por tratarse de "un caso de fuerza mayor", pero su argumento no fue tenido en cuenta.
Tiene razón, pero pague
"Aún cuando las medidas son en beneficio público o del ambiente, si afectan sus ganancias reales o futuras, pueden demandar utilizando este tipo de tratados de protección de inversiones", cuestionó la investigadora del TNI.
"La mayoría es a favor de las empresas, pero también tenés casos que ni siquiera llegan a una decisión final porque el Estado prefiere hacer un acuerdo con el inversor al entender que le va a costar más dinero avanzar en el caso", apuntó la experta.
Como se desprende de los avisos corporativos reproducidos por el TNI, sus inversores y los bufetes tienen claro que las crisis de cualquier índole son una excelente oportunidad para incrementar sus ganancias.
En la mira
Olivet remarcó que hay dos países de América Latina que enfrentan amenazas concretas.
"Los concesionarios de los peajes, muchos de ellos extranjeros, manifestaron su intención de demandar ante tribunal arbitraje internacional" por los perjuicios económicos sufridos, resaltó Olivet.
El otro caso regional es México. "El Gobierno hizo unos cambios en el mercado energético, al suspender la entrada en operación de empresas en el sector de energías renovables", explicó.
Lo hizo porque "el país necesitaba asegurar la independencia energética y el suministro eléctrico y la incorporación de estas empresas de energía renovable daba estabilidad al mercado", de acuerdo con Olivet.
"Esto automáticamente desató que grandes multinacionales de energía como Iberdrola y Acciona, además de otras canadienses y estadounidenses, están preparando demandas usando el tratado de protección inversión entre México y España", precisó.
