"Lo más urgente es el apoyo jurídico y el apoyo psicosocial a las familias, y a las que requieran de ayuda económica se les debe ofrecer con una fiscalización estricta", señaló la fundadora del colectivo de madres que recibió el Premio 2018 de la Universidad de Notre Dame, EEUU y mención honorífica del Premio Nacional de Derechos Humanos 2017.
Díaz Genao comenzó su lucha cuando su hijo, Luis Guillermo, fue secuestrado en 2013
Ahora reflexiona sobre los reclamos de otras madres de desaparecidos que reprochan al presidente Andrés Manuel López Obrador que se haya negado a recibirlas, en su gira del lunes 15 de junio por Veracruz.
Un problema de origen
La primera mexicana seleccionada por la iniciativa Shelter City para un programa para defensores de derechos humanos en La Haya considera que el problema está en el diseño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
En la administración de esa instancia "se han dado muchos malos manejos", al no centrarla en el apoyo jurídico y psicosocial, comenta.
"Apenas hay unos 70 abogados y la mayoría están trasladando personas para reuniones, haciendo arreglos de hoteles, entregando dinero a familiares, pero esa no es su función jurídica", cuestiona doña Lucy, como es conocida en el movimiento de derechos humanos.
"Los delincuentes tienes miles de abogados, las víctimas solo tienen un fiscal que presente un caso mal armado, que el juez lo tira, en vez de construir un proceso jurídico eficiente", plantea la madre.
Sin presupuesto necesario
Con el recorte de un 75% a los gastos operativos de la Comisión Ejecutiva para víctimas, por las políticas de austeridad presidenciales, no hay dinero para pagar abogados.
"El problema es mayúsculo, se requiere de un proceso de reconstrucción y remodelación, porque la CEAV no es funcional", prosigue la madre.
Apenas una reducida cantidad de casos ha logrado calificar para recibir ayuda de la comisión federal, dijo a esta agencia un jurista que trabaja con víctimas.
Cada mes, un familiar registrado ante ese organismo recibe 14.000 pesos mensuales, poco más de 600 dólares actuales.
Pero hay familias que han logrado registrar hasta diez parientes del familiar desaparecido, como víctimas individuales.
En cambio, la ayuda que ofrece la comisión local de Veracruz apenas suma 2.000 pesos mensuales, poco más de 90 dólares; y su cobertura no alcanza ni a la mitad de las familias afectadas por la violencia.
Las Ley General de Víctimas, promulgada en enero 2013, asumió el compromiso de atender a más de 34.000 casos de graves violaciones a los derechos humanos, registradas hasta entonces.
Ahora, aquel número casi se ha duplicado.
Un incidente en Veracruz, cuando algunas madres se pararon ante la camioneta del presidente, que no dejaba de avanzar lentamente, fue coronado con un reclamo subido de tono: "¡No nos recibes porque no somos la madre del Chapo!", Joaquín Guzmán Loera , exclamó indignada una madre.
Recordaba así la visita del 29 de marzo de López Obrador a Badiraguato, tierra natal del fundador del Cartel de Sinaloa que cumple prisión perpetua en EEUU.
En aquella ocasión, el presidente caminó en una terracería y fue a saludar con un apretón de manos hasta su camioneta a Consuelo Loera, quien le entregó una misiva.
Díaz Geano comenta: "Fue un incidente desafortunado, es comprensible que el presidente no se haya querido bajar".
López Obrador comentó el incidente: "Se está atendiendo todos los días a ciudadanos y a familiares de víctimas de la violencia".
Sin embargo, lamentó que "no puedo, por la 'sana distancia', exponerme ni exponerlas a ellas" al contagio.
En octubre de 2019, el colectivo Solecito de unas 80 madres, culminó tres años de búsqueda en 10 hectáreas junto al Puerto de Veracruz, donde por sus propios medios hallaron 298 cráneos, cuerpos decapitados y más de 22.500 fragmentos óseos.
