Dejar atrás lo anterior y empezar de cero es el espíritu de la ley que Colombia aprobará en los próximos días, como parte de una batería de medidas en respuesta a la crisis provocada por el COVID-19. El documento prevé que quienes hayan saldado sus deudas o lo hagan en los 12 meses siguientes a la aprobación del proyecto, se verán beneficiados con una suerte de limpieza de su historial crediticio. Esto les permitirá acceder rápidamente a nuevos préstamos.
De acuerdo a los impulsores del proyecto, entre 7 y 8 millones de personas en el país forman parte de estas "listas negras" y podrían salir de forma automática si cumplen los requisitos que establecerá la ley.
Sin embargo, no todos consideran que sea una medida positiva. Las críticas no han dejado de llegar tanto desde el Consejo Gremial Nacional como de las consultoras especializadas en la materia, que sostienen que ante un mayor riesgo las instituciones financieras aumentarán los requisitos y tasas de interés de los nuevos contratos.
Consultado por Sputnik, el abogado y economista colombiano José Roberto Acosta coincidió sobre el carácter negativo del documento al que consideró "demagógico" y mentiroso. A su criterio, no atiende a las necesidades de los más vulnerables. En cambio, afirmó que "limita el acceso y expansión del crédito bancario".
"Esa premisa de que es un beneficio para la población vulnerable o pobre es muy falsa. Una cosa muy cierta en el sector bancario y sustentada estadísticamente es que los pobres son los mejores pagadores, mientras los más ricos y las grandes empresas son las que pagan menos", indicó.
"Si uno lo ve desde el punto de vista estadístico, esto además de demagógico lo que termina es haciéndole el favor a muchos emporios que en la mayoría de los casos tienen un mal récord crediticio y definitivamente serán los beneficiados de esta ley", señaló Acosta.
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