La investigación se centraba sobre todo en una concentración —las manifestaciones feministas del 8 de marzo— y en una persona: el delegado del Gobierno central en Madrid, José Manuel Franco, que llegó a ser imputado por un posible delito de prevaricación administrativa al autorizar las marchas.
Además, la jueza subraya que ninguna institución o persona —ni siquiera el particular que registró la demanda— instó a Franco a prohibir las marchas antes de su celebración, por lo que el investigado no disponía de elementos de juicio suficientes para concluir que debía suspenderse el derecho de reunión.
"No puede concluirse que (...) tuviera en aquel momento un conocimiento cierto, técnico y fundado sobre que el hecho de que no mantener la distancia social incidía en el riesgo de contagio del COVID-19", sostiene el auto.
La magistrada comparte la tesis del polémico informe forense que señala a las marchas como un riesgo cierto para la salud, aunque concluye que "no puede acreditarse que se produjera un contagio concreto" en ellas, algo que la comunidad de epidemiólogos viene advirtiendo desde hace semanas.
Pese a no existir un reproche penal, la jueza lanza un dardo a la actuación del Gobierno asegurando que "no consta" que su delegado en Madrid "velara por los derechos y libertades de los ciudadanos ponderando el riesgo para la salud pública que conllevaba la aglutinación de personas".
Erosión al Gobierno
Este reproche resume a la perfección el balance que saca el Gobierno del caso 8-M: no se aprecia delito, pero la falta de reacción forma ya parte del debate público.
Para llegar a esa conclusión el informe se nutría de recortes de prensa descontextualizados e incluso de bulos circulados por redes sociales o inexactitudes sobre cuándo fue declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, lo que generó un evidente malestar en el Gobierno.
El coronel a cargo del informe es Diego Pérez de los Cobos, una cara conocida por su relevante papel en la crisis catalana de 2017. Aunque desde Interior atribuyeron el cese a una mera "pérdida de confianza", al Gobierno le resultó imposible ocultar que la verdadera causa era el informe.
Tras cambiar varias veces de postura, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegó a admitir que el cese se debió, si no bien a la existencia del informe, sí al hecho de que fuera filtrado a la prensa.
Tanto el cese del coronel como las titubeantes explicaciones del ministro provocaron una crisis en el departamento que se saldó con la dimisión de otros dos altos cargos de la Guardia Civil, todo ello mientras la oposición pide el cese de Marlaska por considerar que se inmiscuyó en una investigación judicial.
Polarización
Además de la factura tangible de la crisis en Interior, la causa del 8-M sirvió para echar leña al fuego de la polarización política en España. Cada vez que el Gobierno acudió al Congreso de los Diputados en las últimas semanas, la cuestión del 8-M copó el debate.
Por su parte, Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox —que se encuentra especialmente cómodo cuando dirige sus ataques hacia los sectores feministas— respondió a Sánchez asegurando que "gritar viva el 8 de marzo que es lo mismo que decir viva la muerte".
El cruce de acusaciones gruesas fue constante: mientras desde la derecha se acusaba al Gobierno de contribuir casi de forma deliberada a la muerte de miles de personas, desde el propio Ejecutivo —aunque sobre todo desde el grupo parlamentario de Podemos se insinuó que la investigación judicial enmascaraba un intento de lawfare.
"En España estamos llegando a unos niveles de polarización que permiten decir barbaridades a unos y a otros. Insinuar que un juez que investiga supuestas actuaciones delictivas del Gobierno se encuentra detrás de un intento de golpe de Estado es algo muy grave, sobre todo para una democracia madura", señala a Sputnik el politólogo Carlos Fernández Esquer, investigador en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid.
Acto seguido, el académico lamenta que "estas acusaciones exageradas están llegando tanto desde la izquierda como desde la derecha", lo que supone una actuación irresponsable desde la clase política porque "que se corre el riesgo de que la polarización pueda llegar a la sociedad".
Añade que "en dos semanas, durante una fase inicial de un proceso penal que no va a ir a juicio, se han oído absolutas barbaridades desde ambos lados, lo que da cuenta del estado de crispación en que vivimos".
A ojos de este politólogo, la experiencia de estas semanas muestra que "los partidos políticos están más que dispuestos a politizar las actuaciones judiciales", algo que si no se corrige augura un escenario de difícil convivencia para España, ya que la gestión de la pandemia es motivo de varios centenares de investigaciones, más de 180 de ellas por posibles responsabilidades penales, según datos de la Fiscalía General del Estado.
