"Si no se realiza de manera institucional una salida o una solución para que las personas puedan acceder a la justicia, vamos a tomar las medidas que se necesiten y tengan la seguridad que (…) el lunes vamos a tomar medidas legales para que los tribunales abran sus puertas", dijo en conferencia de prensa el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra.
Sin precisar qué "acciones legales" tomaría, Coímbra protestó porque, desde que se decretó el confinamiento a mediados de marzo, los órganos judiciales atienden solo casos urgentes, en los que está en juego la situación de personas detenidas.
Presión política
La iniciativa gubernamental de reactivar la presión judicial sobre Morales parecía responder a las acciones que el partido del exmandatario, el Movimiento Al Socialismo (MAS), impulsaba desde el parlamento para poner fin a la actual gestión transitoria fijando fecha —el 6 de septiembre para elecciones generales.
La presidenta interina Jeanine Áñez, autoproclamada en el cargo tras la caída de Morales y convertida luego en candidata presidencial, ha prometido varias veces que ni Morales ni el MAS retornarán al poder.
Coímbra no ocultó su molestia por la falta de respuesta inmediata de los tribunales a los memoriales gubernamentales.
"La anterior semana hemos remitido 60 memoriales al Ministerio Púbico que estaba con todas las intenciones de iniciar las investigaciones sobre estos procesos (contra Morales y compañía), pero nos hemos visto imposibilitados de hacerlo porque el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no inició labores", dijo.
Agregó que el Gobierno ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordene la reanudación plena de las labores judiciales, independientemente de la emergencia sanitaria, para atender tanto los procesos contra Morales como los requerimientos de la población en general.
Consideró que la justicia es "un servicio indispensable para los ciudadanos, un derecho" que no debería estar condicionado a la pandemia.
