EEUU contra la Corte Penal Internacional

Afganistán representa el punto de inflexión que EEUU no se puede permitir.

Finalmente el perro ha mordido la mano y el lobo ha mostrado su verdadero lomo. El asunto no ha podido llegar en peor momento —si ignoramos la Ley de Murphy—. Crisis financiera, colapso sanitario como consecuencia de la mala gestión relacionada a la pandemia y protestas antirracistas a raíz de la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la Policía de Minneapolis. Ahora, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha autorizado aplicar sanciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional que investigan presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán. Es su respuesta a la decisión del ente jurídico de dar luz verde a dicha investigación luego de que en abril de 2019 la iniciativa fuera rechazada.

Los argumentos de la decisión según Trump es que EEUU no es parte del Estatuto de Roma y que nunca ha aceptado la jurisdicción de la CPI sobre su personal, mientras que según Kayleigh McEnany, secretaria de prensa de la Casa Blanca, "las acciones de la Corte Penal Internacional son un ataque contra los derechos del pueblo estadounidense y amenazan con infringir nuestra soberanía nacional". Pareciera que la funcionaria estadounidense no ha caído en la cuenta de que Afganistán es una nación soberana y no un estado del país anglosajón.

Pero, ¿es la decisión de Trump el verdadero problema? No. Él solo ejecuta el guion tradicional en cuanto a política internacional del país que preside, por lo que hay que reconocer el poco margen de elección a su disposición.

El problema es que el mundo finalmente ha decidido dejar de hacer de tonto y EEUU lleva demasiado tiempo cometiendo actos durante sus campañas militares —por mencionar una de sus modalidades de actuar— que son vistas a vuelo de pájaro como criminales, o cuanto menos —si no es importante parecer un poco cínico— hay ciudadanos de otros Estados que han sido perseguidos, detenidos, enjuiciados y condenados por la CPI por cometer los mismos actos que las tropas estadounidenses y/o de acuerdo a las declaraciones sugerentes del presidente Trump, también algunos de sus socios.

Recordemos, por ejemplo, el uso de desechos radiactivos como componentes para mejorar la eficacia de su armamento durante algunas de sus intervenciones militares. O su metodología para interrogatorios de sospechosos de terrorismo fundamentada científicamente por expertos en psicología y justificada jurídicamente simplemente por no ajustarse a los términos legalmente reconocidos y asociados con la tortura y, llevados a cabo secretamente en terceros países como Polonia, Lituania y Rumanía. La lista de hechos a ser tipificados podrá no ser interminable, pero sí bastante extensa. Pero el Gobierno norteamericano quizás apelará parafraseando alguna producción hollywoodense como sacrificamos miles de vidas para salvar millones o el no poco conocido dicho para hacer una torta hay que romper varios huevos.

Pese a ello, lo más remarcable de todo esto y sin desmeritar la presente intención de la CPI de impartir justicia, es decir, de dar a cada uno lo suyo, es en retrospectiva la posibilidad de establecer un precedente que persuada a otros en demandar la investigación de actos criminales presuntamente cometidos en otras campañas militares antes o después de Afganistán. Sin embargo, de cara al futuro es también el atisbo de deseo por parte del organismo en homogeneizar el concepto y la práctica de justicia en una realidad en donde ya el fin no justifica los medios. Algo que debe aplicar a todos los Estados que son parte de ella.