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Contraloría de Ecuador examina contratos de Municipios y Prefecturas por COVID-19

© REUTERS / Mariana BazoQuito, la capital de Ecuador
Quito, la capital de Ecuador - Sputnik Mundo
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QUITO (Sputnik) — La Contraloría General del Estado de Ecuador intervino en 58 Municipios y 16 Prefecturas de ese país, que no cumplieron con los procedimientos legales en las compras públicas y contrataciones por COVID-19.
"Hemos intervenido en 58 municipios y 16 Consejos Provinciales (…) hay adquisiciones de insumos médicos que no cumplen procedimientos legales y otras que no tienen relación alguna con la pandemia", dijo el jueves Pablo Celi, contralor General del Estado de Ecuador, en una cadena nacional de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER).

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Al momento la Contraloría ejecuta 200 auditorías, que engloban contratos realizados por gobiernos seccionales (municipios y prefecturas), y compras por parte de hospitales de la red de salud pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Celi mencionó que algunos municipios han comprado vehículos, adjudicado obras de infraestructura y contratado consultorías, al amparo de la emergencia sanitaria por COVID-19 vigente en Ecuador desde mediados de marzo.

Sin embargo, aseguró, dichos contratos no están asociados al combate a la pandemia.

Con respecto a los hospitales, el funcionario señaló que la Contraloría produjo 12 informes con indicios de responsabilidad penal por irregularidades en tres hospitales de la ciudad de Guayaquil (suroeste).

De esos, 11 corresponden a casas de salud de propiedad del IESS y uno a un hospital del Ministerio de Salud Pública.

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Según Celi, solo en compras de mascarillas y visores por parte de los hospitales del IESS investigados, los sobreprecios ascienden hasta un 400%.

El funcionario indicó que algunas irregularidades tienen que ver con proveedores de insumos médicos que registran otra actividad que no tiene relación con los servicios que ofrecen.

En Ecuador, el estado de emergencia es un mecanismo constitucional para superar situaciones generadas por acontecimientos graves y fuerza mayor, lo que permite al sector público adjudicar contratos de manera directa, sin concurso previo.

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