Con 90 años de historia, la caída de la acopiadora y exportadora de granos, aceites y harinas local Vicentin es tan estrepitosa como sorprendente. Ahogada financieramente y acusada de maniobras fraudulentas por sus acreedores y proveedores, la empresa pasó a ser controlada por el Estado, lo que interrumpe anticipadamente el concurso preventivo que inició en 2020.
Dispusimos la intervención del Grupo Vicentin y enviamos al Congreso una ley de expropiación para garantizar el funcionamiento de la compañía y los puestos de trabajo.
— Alberto Fernández (@alferdez) June 8, 2020
Es una respuesta a la preocupación del mercado, pero también una decisión estratégica para la economía. pic.twitter.com/0Ubz0GR5Yd
La decisión del presidente, Alberto Fernández, de decretar la intervención y encarar el proceso legislativo para estatizarla por considerarla de utilidad pública generó revuelo entre dirigentes políticos y del sector privado, tanto a favor como en contra.
La oposición, las principales entidades rurales, algunos empresarios y referentes como el economista y excandidato presidencial Roberto Lavagna manifestaron su rechazo, con argumentos basados en el respeto por la propiedad privada, la inseguridad jurídica, el abuso de poder, la ausencia de prioridad en este punto y el efecto negativo en las negociaciones de la deuda externa. Los directivos de la empresa aseguraron que recurrirán a la Justicia.
La joya de la corona
En 2019, Vicentin se ubicó en el puesto número seis en el ranking de las empresas agroexportadoras en el país, segunda entre las nacionales. Acaparaba 9% del total del mercado, 21% de la molienda de soja y 24% de la de girasol. Pero en diciembre de ese año, se declaró en default producto de su endeudamiento y de la crisis financiera y la devualuación ocurrida durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
"Cuesta explicar cómo una empresa que exportó en dólares durante el período político anterior se transformó en insolvente, pero peor aún, cómo es que el Banco Nación le giró 18.000 millones de pesos (260 millones de dólares) en estas condiciones. Todo indica que se trató de maniobras de fuga de capitales", dijo a Sputnik el sociólogo e historiador Juan Manuel Villulla, investigador en el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la Universidad de Buenos Aires.
Deuda fraudulenta y estafa a proveedores
Vicentin fue una de las empresas más vinculadas al Gobierno de Macri y una de sus principales aportadores de campaña. Se calcula que participó con más de 16 millones de pesos (230.000 dólares) a la carrera por la reelección del expresidente Macri.
La crisis financiera y reperfilamiento de bonos que sucedieron a la derrota del expresidente en las primarias de agosto de 2019 llevaron a graves pérdidas a la empresa. En septiembre de 2019, comenzó a atrasarse en los pagos y a transformarse en morosa. Sin embargo, esto no evitó que siguieran aprobándose los préstamos, incluso aumentaron.
De los más de 70 préstamos que suman la deuda con la entidad bancaria nacional, 40% se autorizaron en noviembre de 2019, un mes antes del fin de la presidencia de Macri, quien había perdido las elecciones en octubre. Además, llama la atención el formato express con el que se consiguieron las autorizaciones para los desembolsos, que se aprobaban en cuestión de horas.
Vicentin está acusada además de estafar a sus proveedores: habría definido la cesación de pagos semanas antes de declararla, pero siguió recibiendo mercadería a pesar de saber que no podría afrontar los pagos.
La cerealera opera según un sistema muy común en este mercado a través del que recibe los granos sin definir el precio. Esto lleva en teoría a un beneficio mutuo tanto para el productor, que recibiría un mayor rentabilidad, y la acopiadora, que puede procesar y exportar los granos y pagarle al proveedor después de haber cobrado la venta al exterior.
Caída en desgracia
Tres días antes del default, Vicentin vendió parte de sus acciones de Renova, productora de harinas y aceites, a su socia en esta subsidiaria, Glencore, multinacional de origen suizo, con el objeto de obtener liquidez para afrontar deudas comerciales. No obstante, a principios de 2020, la empresa llamó a convocatoria de acreedores para contener los pedidos de quiebra. La Justicia le concedió el concurso preventivo en febrero.
La pregunta es el costo social y las consecuencias de lo que hubiera pasado con una hipotética venta al sector privado. Aunque también es una duda legítima entender qué gana el Estado argentino con hacerse cargo de la empresa y su deuda, que incluye más de 30.000 millones de pesos (430 millones de dólares) con entidades financieras internacionales.
"Evidentemente, esa deuda es pagable con una mejora de administración, de otro modo no habría interesados en comprar. Es una empresa estratégica con un mercado y una producción asegurados por años", analizó Villulla.
El Grupo Vicentin controla diferentes empresas dedicadas al negocio oleaginoso, algunas radicadas en el país aunque unas pocas en el extranjero, además tiene paquetes accionarios en firmas en los rubros vitivinícola, frigorífico y algodonero, de los que dependen en total alrededor de 6.000 puestos de trabajo. En 2018, publicó ganancias por 1.800 millones de pesos (48 millones de dólares, según el cambio de entonces).
Rescate estratégico
Asegurarle al país la continuidad de activos estratégicos fue el argumento del Gobierno de Alberto Fernández para encarar la toma de control de Vicentin. Con esto se intenta evitar un vaciamiento, una venta a capitales extranjeros o un desmembramiento de la corporación que produzca despidos.
Además, el Estado incursionaría con más fuerza en el mercado cerealero, fundamental en el contexto de crisis económica nacional e internacional y la principal fuente de las ansiadas divisas, tan necesarias para la economía argentina, que está renegociando su deuda externa en estos momentos.
"El Gobierno está pensando en hacerse de un actor que permita regular precios internamente, a manera de empresa testigo, y controlar y transparentar el comercio del mundo granario, ya que hay denuncias históricas de maniobras de triangulación", dijo a Sputnik Gustavo Lahoud, especialista en geopolítica y recursos naturales.
Las cerealeras están exentas de la obligación de liquidar al Banco Central los dólares en el corto plazo. Además, estas empresas son agentes del Estado que retienen los derechos de exportación a los productores directos.
"El gran signo de interrogación es cómo se va a resolver virtuosamente el problema de la deuda. Si esta intervención y posterior estatización termina en una salida por la cual el Estado se termina de hacer cargo del desmanejo de la empresa, habrá sido un camino pésimo y ruinoso", argumentó Lahoud.
El experto recomendó al Estado utilizar la intervención para auditar el valor de los activos de Vicentin a la par de sus pasivos para determinar la nacionalización de la empresa.
"La problemática de la deuda de la empresa se tiene que resolver de algún modo que esta decisión tomada le represente al Estado haber ganado al final del camino", resumió.
