"El decreto recoge una serie de medidas de prevención e higiene, entre las que destaca el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos siempre que no se pueda mantener una distancia de 1,5 metros con otras personas", explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
La obligatoriedad de llevar mascarillas en lugares públicos se extiende también a los medios de transporte colectivos, donde se guardarán los datos de los usuarios durante al menos cuatro semanas para poder realizar una trazabilidad de contactos en caso de futuros positivos.
Además de estas cuestiones, el texto se centra sobre todo en establecer protocolos de detección precoz y vigilancia epidemiológica para contener posibles rebrotes.
En este ámbito una de las medidas estrella es la obligatoriedad de que los servicios de salud hagan pruebas diagnósticas por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular a pacientes sospechosos de coronavirus "tan pronto como sea posible".
El texto declara expresamente la COVID-19 como "enfermedad de declaración obligatoria urgente", lo que busca crear canales por los que comunicar a la mayor premura posible la detección de nuevos casos.
En cuanto a los centros residenciales de personas mayores, el decreto de nueva normalidad obliga a las administraciones a disponer de planes de contingencia por orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores.
En su comparecencia ante los medios, el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó que estas medidas estarán vigentes hasta que el Gobierno considere oportuno, por lo que no se prevé su retirada hasta la llegada de una vacuna o de tratamientos efectivos contra la COVID-19.
Según los últimos datos oficiales, España acumula ya 241.717 contagios y 27.136 muertes por COVID-19.
El decreto de "nueva normalidad" aborda de forma exclusiva cuestiones sanitarias, por lo que no amplía el horizonte temporal de las medidas sociales aprobadas hasta ahora para contener el impacto de la crisis económica.
