"Es un escándalo evidente que ciertamente puede tener consecuencias legales, y de hecho muchas familias de los ancianos ya están emprendiendo acciones legales", dijo Iglesias.
Según publica el diario El País, a finales de marzo la Comunidad de Madrid —gobernada por el conservador Partido Popular en coalición con los liberales de Ciudadanos— comunicó hasta en cuatro ocasiones a residencias y hospitales unos protocolos de triaje que descartaban la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con COVID-19.
Los datos más recientes de la Consejería de Políticas Sociales de Madrid calculan que desde el 8 de marzo hasta 5.986 personas enfermas con COVID-19 o síntomas compatibles fallecieron en residencias de ancianos.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, niega la existencia de esos protocolos y afirma que los procedimientos referidos eran "borradores" que no llegaron a aplicarse.
Sin embargo, el propio consejero de Políticas Sociales del Gobierno madrileño, Alberto Reyero, reconoció en declaraciones a la radio pública RNE la existencia de protocolos que tuvieron "consecuencias" sobre "la escasa derivación" de estos colectivos a hospitales.
De hecho, el propio Reyero —perteneciente a Ciudadanos— llegó a afirmar en el parlamento regional que excluir a los pacientes en función de su edad o de discapacidades "no es ético y posiblemente no sea legal".
"Se sigue acreditando que hubo una orden para prohibir la atención en los hospitales de ancianos que llegaban de las residencias, evidentemente es grave, y ojo, no lo está diciendo el Gobierno de España, sino el de Ayuso", insistió Pablo Iglesias.
Estas palabras del vicepresidente del Gobierno agrandan la brecha entre el Palacio de la Moncloa y los dirigentes de Madrid, que ya protagonizaron varios episodios de enfrentamiento durante el desarrollo de la epidemia de COVID-19.
Ayuso incluso apuntó en las últimas horas que se encuentra estudiando la posibilidad de adoptar acciones legales contra Iglesias porque, a su modo de ver, el vicepresidente está intentando "politizar el dolor" de las víctimas y "si hay algo que parece criminal son sus declaraciones".