Vicepresidenta argentina pide ser querellante en causa sobre espionaje

BUENOS AIRES (Sputnik) — La vicepresidenta argentina y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) se presentó como querellante en una de las causas abiertas por la justicia que investiga supuestos hechos de espionaje ilegal durante el Gobierno precedente encabezado por Mauricio Macri (2015-2019).

Fernández "pidió ser querellante en el caso de espionaje ilegal del macrismo", informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.

La número dos del actual Ejecutivo presidido por Alberto Fernández se presentó en la tarde en el municipio de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos aires (este), donde tiene su juzgado el juez federal Federico Villena.

El magistrado la citó como testigo para darle a conocer documentos, vídeos y fotografías encontrados en computadoras y teléfonos celulares cuyo contenido daría cuenta de seguimientos ilegales, según el expediente.

Este magistrado investiga la posible existencia de "una organización criminal dedicada a la realización de actos de espionaje interno desde el Estado nacional, provincial y local" por medio de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) o de fuerzas de seguridad.

El magistrado dio origen a esta pesquisa a raíz de la confesión de un narcotraficante arrepentido identificado como Sergio Rodríguez, apodado "Tomate" o "Verdura", quien afirmó que había sido contratado por un integrante de la AFI, un abogado llamado Facundo Melo, para poner una bomba en la vivienda de un funcionario del Ministerio de Defensa.

Villena investiga la posible existencia de "una organización criminal dedicada a la realización de actos de espionaje interno desde el Estado nacional, provincial y local" por medio de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) o de fuerzas de seguridad.

El magistrado dio origen a esta pesquisa a raíz de la confesión de un narcotraficante arrepentido identificado como Sergio Rodríguez, apodado "Tomate" o "Verdura", quien afirmó que había sido contratado por un integrante de la AFI, un abogado llamado Facundo Melo, para poner una bomba en la vivienda de un funcionario del Ministerio de Defensa.

Con casi toda su familia detenida, este narcotraficante se entregó en febrero y aseguró ante el juez Villena que debía llevar un paquete a la casa del entonces subsecretario de Asuntos Internacionales de la Defensa durante el Gobierno de Macri, José Luis Vila.

Ese paquete, que contenía una caja con medio kilo de trotyil y no llegó a explotar, fue colocado en el domicilio antiguo de este funcionario, que ya había recibido amenazas.

A partir de este relato, el juez Villena secuestró el teléfono de Facundo Melo, en el que figuraban conversaciones sobre maniobras de espionaje que involucraban a numerosos dirigentes.

Junto con la fiscal Cecilia Incardona, el magistrado amplió el objeto de la investigación y realizó otros allanamientos y pesquisas que daban cuenta de una posible estructura criminal dentro del Estado.

Entre los lugares allanados se encuentran dependencias del Servicio Penitenciario Federal.

En paralelo, otra causa en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi investiga por estos días el supuesto espionaje a 500 periodistas y dirigentes políticos y sociales en el marco del proceso de acreditación de dos encuentros internacionales, la 11ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de 2017 y la Cumbre del G-20 que se celebró a finales de 2018.

A raíz de una denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en este expediente fueron imputados el expresidente Mauricio Macri, el ex director general del organismo durante su gestión, Gustavo Arribas, y la exsubdirectora general de la entidad, Silvia Majdalani, entre otros.