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Fiscalía boliviana admite demanda por corrupción contra dos ministros de Áñez

© AFP 2021 / Aizar RaldesArturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia
Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia - Sputnik Mundo
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LA PAZ (Sputnik) — La Fiscalía de La Paz dijo que admitió una demanda de diputados socialistas contra los dos ministros más fuertes del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, por supuesta corrupción en una compra de materiales antidisturbios, principalmente granadas de gas lacrimógeno.
"Hoy se le pasó el cuaderno de investigaciones y el fiscal asignado al caso tomará inicio de las investigaciones ante el juez de garantías constitucionales", anunció el fiscal departamental Marco Antonio Cossío.

La demanda contra los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, fue presentada el 5 de junio por siete diputados del Movimiento Al Socialismo encabezados por el parlamentario Franklin Flores, tras unas denuncia periodística de presuntos sobreprecio y tráfico de influencias en la compra.

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Cossío dijo que comenzó a correr un plazo de 20 días hábiles para que el fiscal encargado haga la investigación preliminar, que incluiría declaraciones de los dos ministros acusados.

La admisión de la demanda resultaba además llamativa porque una suerte de amenaza del ministro Murillo al periodista fue interpretada por organismos locales e internacionales de derechos humanos como un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información.

El periodista Junior Arias de la red de televisión Gigavisión exhibió documentos de la compra de gases lacrimógenos realizada en diciembre pasado, menos de un mes después de que se instalara el actual Gobierno transitorio.

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Los documentos mostraron que el Gobierno de Bolivia pagó más del doble que los de Venezuela y Ecuador por iguales productos, al mismo proveedor extranjero y otros similares.

El diputado Flores dijo al presentar la demanda que los ministros deberían ser procesados por delitos de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

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