"Mi deber es cumplir la ley. Esta no es una maniobra dictatorial, pero el gobierno debe garantizar la protección de los ciudadanos contra la pandemia de coronavirus", alertó el jefe de la Fiscalía capitalina, Jacques Lafontant, en declaraciones al portal informativo Haiti Presse Network.
Lafontant, comisionado del Gobierno de Puerto Príncipe, afirmó que el disfrute de ciertos derechos ciudadanos, como el que permite manifestarse, pasó a un segundo plano o sencillamente están prohibidos durante la emergencia por el COVID-19, detectado ya en 2.640 personas, 50 de las cuales fallecieron.
El funcionario agregó que la ley caerá sobre quienes violen las instrucciones destinadas a frenar la propagación del COVID-19, en particular un decreto del pasado 21 de mayo, que prohíbe las actividades con 5 o más personas.
Haití atraviesa una crisis socio-política desde febrero de 2019, cuando comenzó una serie de protestas para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse, a quien la oposición responsabiliza de la precariedad económica en la nación caribeña.
Una ronda de pláticas, celebradas a finales de enero último en la Nunciatura Apostólica, fracasó luego de tres días, debido a la falta de consenso sobre la gobernanza y el tiempo que debía permanecer en el poder el presidente Moïse.
