Pese a la apertura de una investigación a varios países ―entre los que se encuentra España― por parte de la Oficina del Representante Comercial de EEUU, el Gobierno español sigue adelante con el trámite parlamentario para lograr la aprobación del impuesto a determinados servicios digitales.
🗣️La ministra de Hacienda @mjmonteroc defiende que el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales nos acerca a la #fiscalidad del siglo XXI y no recaerá sobre #pymes o #autónomos.
— Ministerio de Hacienda (@Haciendagob) June 4, 2020
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El Parlamento español ha aprobado durante la sesión parlamentaria del 4 de junio la tramitación del proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD). La cámara ha respaldado la iniciativa del Gobierno, contra la que han votado en contra los tres principales grupos de la oposición, encabezados por el Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos (C's). María Jesús Montero, ministra de Hacienda del Ejecutivo español, ha defendido la conveniencia de este impuesto a escala internacional, que España adaptará acorde a los compromisos que en esta materia se alcancen en la Comisión Europea y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Montero ha criticado las enmiendas al proyecto de ley presentadas por la oposición, que han sido desestimadas en su totalidad.
"Parece que podemos avanzar en todo menos en la mejora de los sistemas tributarios", ha afirmado.
Estados Unidos alega que de acuerdo con lo previsto por su normativa (sección 301 de la Ley de Comercio de los EEUU) puede estudiar si estas medidas fiscales resultan "inadmisibles o discriminatorias y carguen o restrinjan el comercio de EEUU". La investigación, que puede alargarse durante meses, podría concluir con la imposición de aranceles a la importación de productos provenientes de los países investigados.
El sentido de la tasa Google
La razón por la que tantos países están sopesando la posibilidad de fiscalizar la actividad de las grandes compañías tecnológicas en Internet atiende al hecho de que estas generan inmensos beneficios que apenas se gravan, pues estas empresas suelen elegir sus sedes fiscales a conveniencia, que no coinciden con sus países de origen.
Así, Netflix tiene su sede fiscal en Holanda y Amazon en Luxemburgo. E Irlanda es terreno abonado para Apple y Google. Sin embargo, la tasa Google no debe confundirse con un impuesto de sociedades al uso. Lo que en realidad busca este impuesto, es paliar la reducción artificial de las obligaciones fiscales de estas empresas, que suelen ayudarse de la llamada ingeniería fiscal para hacerlo.
El caso de Francia y el recelo del sector español
La Oficina del Representante Comercial de EEUU concluyó hace unos meses una investigación similar con relación a Francia por su deseo de aplicar la tasa Google. Entonces el Gobierno estadounidense resolvió imponer un arancel de nada menos que el 100% sobre varios productos de importación franceses, como el queso y el vino.
En su opinión, el impuesto tendría consecuencias negativas para las empresas pequeñas que dependen de las grandes tecnológicas, como Apple o Facebook. También se quejan de que con la tasa Google la economía española sería "menos productiva e innovadora".
La @Startup_ES, @AMETIC_es, @IAB_Spain y @adigital_org hemos elaborado este “Manifiesto del sector de la #economíadigital y contra el establecimiento de un impuesto sobre determinados servicios digitales” en España #digitaltax #ISDSD.https://t.co/ywvDNB5Ukq
— Asociación Española de Startups (@Startup_ES) June 2, 2020
