"Se debe identificar inmediatamente a los que están en mayor riesgo, teniendo en cuenta las situaciones de vulnerabilidad, y se deben tomar medidas para su liberación", dijeron los expertos citados en el texto al referirse a los reclusos.
Destacaron que "a pesar de algunos pasos a nivel federal y estatal para reducir la población carcelaria, la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente".
Se explica que las personas en prisión son especialmente vulnerables para el COVID-19 porque "en estos espacios cerrados, y a menudo hacinados, es imposible cumplir con las medidas básicas de protección como el distanciamiento físico y las normas de higiene".
Se agrega que para muchos encarcelados las condiciones médicas preexistentes aún aumentan el riesgo de muerte.
En particular, la ONU pidió que se utilicen "las alternativas disponibles a la detención para los migrantes encarcelados en los centros administrativos superpoblados e insalubres a fin de contrarrestar el riesgo de un brote del COVID-19".
Además, llamó a las autoridades estadounidenses a suspender deportaciones, expulsiones y otras formas de retornos forzados.
De acuerdo con las normas internacionales, cualquier Estado debe garantizar que los detenidos tengan acceso al mismo nivel de atención médica que está disponible en la comunidad, independientemente de su ciudadanía, nacionalidad o estado migratorio.
