Presos por partida doble: la vida en la cárcel frente al COVID-19

Mario tiene 58 años, ocho años y nueve meses de ellos, preso. Padece hipertensión, diabetes y desde hace unos meses comenzó con problemas parecidos al alzheimer.

El neurólogo le dice a Ángeles Tirado Trillo —esposa de Mario— que es por el confinamiento, que requiere activar su mente con libros de sopas de letras o alguna otra actividad.

Ángeles no ve a su esposo, interno en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria (Cevasep) 1, desde el 17 de marzo; también es del grupo vulnerable al COVID-19, por tener 61 años de edad. Desde ese día sólo hablan por télefono cada viernes. Sólo 10 minutos divididos entre ella y sus dos hijos.

"Allí no hay hacinamiento, llevan sus protocolos tanto interno como personal. En lo único que ha variado es que suspendieron visitas íntimas, pero siguen teniendo visitas cada semana, pero dice mi hija que sí tienen los filtros para entrar: revisar temperatura, gel antibacterial, cubrebocas y los custodios con su equipo para prevenir contagio", comparte con Notimex Tirado Trillo.

En el Cevasep —calcula Ángeles— hay entre 500 y 600 presos, pero tiene capacidad para 768 personas. Ella señala que hasta el momento sólo ha habido dos probables contagiados y ambos fueron llevados al penal de Tepepan para su atención; mientras a su esposo y otros internos con enfermedades crónico degenerativas los revisan dos o tres veces al día y les dan su medicamento.

La rutina de Mario no ha variado en demasía, salvo que ahora debe mantener la sana distancia, lavarse las manos y usar cubrebocas. Él sigue levantándose a las 6:00 horas, le aplican su insulina, sale a desayunar y regresa a su dormitorio. Casi nunca convive con los demás presos para evitarse problemas.

Pero ahora no tiene actividades por hacer. Hasta hace unos dos años trabajaba armando bolsas de papel; tampoco puede continuar sus estudios, él tiene grado de licenciatura y en el Cevasep las clases sólo llegan a preparatoria.

Su rutina ante el coronavirus no ha cambiado en gran manera, pero Mario está en aislamiento y sin actividades desde hace años. "Estoy desesperado, pero no me queda de otra más que echarle ganas", le ha contado a Ángeles, pero aún le faltan 10 años para cumplir su condena de dos décadas.

Ángeles no lo ha visto en dos meses, pero su voz transmite tristeza, preocupación y la impotencia por no ver a su familia. Ella, relata, a veces entra en depresión por no tener la certeza de cómo está su esposo.

Gobiernos deben proteger a las personas privadas de la libertad

El 30 de marzo el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT, por sus siglas en inglés) emitió recomendaciones detalladas sobre acciones que pueden realizar los gobiernos y los órganos de monitoreo independientes para proteger a las personas privadas de libertad durante la pandemia de COVID-19.

Entre ellas están el considerar la reducción de población penitenciaria, brindar información confiable, precisa y actualizada de todas las medidas implementadas, así como de la enfermedad y los casos de contagio o fallecimientos.

En México, el 20 de abril fue aprobada la Ley de Amnistía en favor de mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto en todas sus modalidades, personas obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado y ciudadanos que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales.

También a indígenas que no recibieron una defensa acorde a su lengua y cultura, a presos por razones políticas y a aquellos que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas.

Aunque no han sido bajo la ley en mención, de acuerdo con Sí Legal, se han otorgado 2.688 libertades en el país: 250 en Ciudad de México; 34 en Chiapas; ocho en Chihuahua; 39 en Coahuila; 275 en Durango; 1.923 en Estado de México; 114 en Guerrero; 15 en Oaxaca y 30 en Quintana Roo.

Protocolo de actuación para atender COVID-19 en Ceferesos

Aunque familiares de personas privadas de la libertad y organizaciones argumentan que falta de información de lo que sucede al interior de los penales y cuáles son los protocolos reales que se han aplicado en caso de contagios, el Gobierno de México creó un protocolo de atención al interior de los Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos).

De acuerdo con el documento, hay 17 Centros Federales, 16 para varones y uno de mujeres con una población total de 17.058 personas privadas de su libertad.

Se calcula que al día ingresan en todos los Ceferesos entre 3.000 y 3.500 personas (abogados, empleados y proveedores) de ellas aproximadamente 400 son visitas familiares.

El protocolo se divide en dos etapas: la de prevención y la de atención a la emergencia. En el primer caso, establece difundir al interior de la población las medidas de prevención e higiene y paralelamente con los familiares que asisten a las visitas respectivas.

Conforme evolucione la enfermedad, se debe restringir o evitar las visitas y evitar presencia de menores, personas de la tercera edad y aquellas tengan alguna enfermedad degenerativa. Además de prever un área de aislamiento para los posibles contagiados.

En la segunda etapa, es fundamental la identificación de casos de manera temprana y brindar la atención inmediata para aislar a la persona, así como notificar a la autoridad de salud del lugar.

Establece también dar seguimiento puntual a las personas con quien más tuvo contacto para mantener la vigilancia sanitaria de esa población. Seguimiento de la evolución para determinar en su caso el traslado a algún hospital de la localidad.

En caso de carecer del área de aislamiento y por la condiciones de gravedad de algún paciente que requiera trasladarse a un hospital de la localidad, establecer las medidas de seguridad y sanidad para realizar esta acción, informando oportunamente a la autoridad del hospital donde se considere atenderlo, estableciendo las medidas de vigilancia pertinentes.