"La corrupción y politización ponen en peligro la vida de los bolivianos. Deploramos y rechazamos la evidente corrupción tan irresponsable e inmoral en la adquisición de ventiladores para salvar la vida de los enfermos", dijo la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) en un mensaje.
A los reportes de prensa sobre el colapso de los servicios de salud de los departamentos tropicales de Santa Cruz (este) y Beni (noreste), en los que se concentra más del 85% de los casos de COVID-19, se sumó este 28 de mayo una huelga de hambre de médicos de La Paz en demanda de equipos de bioseguridad y equipamiento hospitalario.
Transparencia y politización
Los obispos católicos, históricamente de gran influencia en la vida política boliviana, afirmaron que el Gobierno debería "escuchar a los expertos" y "actuar informando con toda verdad a la población", para lograr resultados positivos en la lucha contra la pandemia de COVID-19.
La indagación parlamentaria, a la cual sería convocada también la presidenta Áñez como responsable final de la compra estatal, se realiza en forma paralela a un juicio penal impulsado por el Gobierno contra su exministro de Salud, Marcelo Navajas, y otras cinco personas que ahora están en detención preventiva.
Los obispos denunciaron además en su declaración que una "politización para fines electorales" de la crisis sanitaria agravaría los riesgos para la población.
Esta advertencia parecía apuntar tanto al Gobierno, que ataca frecuentemente a la pasada administración de Evo Morales por los problemas del sistema de salud, como al Movimiento Al Socialismo (MAS) del exgobernante, que reclama transparencia en los gastos públicos y atención a los factores sociales de la lucha contra la pandemia.
La CEB señaló que, sin desconocer la importancia de las elecciones, para Bolivia resulta más urgente cuidar la salud y la vida, esperando "al momento en que empiece a descender el número de contagios" para definir el calendario electoral.
Entretanto, la pandemia parecía fuera de control en Santa Cruz y Beni, donde había 6.721 de los 7.768 casos de COVID-19 registrados hasta el 27 de mayo en todo el país.
En ambas regiones, en particular en Trinidad, la capital del Beni, la capacidad de los hospitales fue ampliamente rebasada y se preveía que tampoco serían suficientes hospitales de emergencia que eran instalados por militares.
