"Ratificamos el llamado a los trabajadores, maestros, estudiantes, comerciantes, para la nueva jornada del lunes 25 de mayo a partir de las 10:00, contra los despidos, la esclavitud, contra el nuevo paquetazo económico", dijo en rueda de prensa virtual, José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores, filial del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la más grande organización sindical de Ecuador.
La movilización es organizada por el FUT, cuyo presidente, Mesías Tatamuez, invitó a la gente a salir a las calles y plazas de las ciudades de Ecuador para protestar, entre otras cosas, en contra de las medidas del Gobierno, los despidos de servidores públicos, reducción de sueldos, disminución del presupuesto universitario.
Adhesiones
Siete organizaciones, en su mayoría, de estudiantes universitarios y secundarios, así como de maestros también convocaron a una movilización para el 25 de mayo.
A la convocatoria se unieron federaciones de trabajadores de varias empresa públicas.
Antes de la reunión, Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), filial de la Conaie, dijo en radio Pichincha Universal que las organizaciones indígenas se mantendrán en aislamiento hasta el 31 de mayo y analizarán la variación de los precios de los combustibles, tras la eliminación de los subsidios decretada por Moreno.
Sin embargo, advirtió que hasta esa fecha el movimiento indígena con otras organizaciones sociales, sindicales, maestros, jubilados y sociedad civil, empezarán a planificar lo que llamó un estallido social.
Al anunciar el paquete de medidas económicas, el Presidente Lenín Moreno dijo que el país dejará de percibir 12.000 millones de dólares a consecuencia del COVID-19 y de la baja de los precios del petróleo y de los principales productos de exportación.
Entre otras, las medidas de Moreno comprenden el recorte de 4.000 millones de dólares en el sector público, reducción de ocho a seis horas la jornada laboral para toda la burocracia y de una hora para los maestros del sector público, con un pago de remuneraciones en función de las horas trabajadas.
Trabajadores de la empresa de ferrocarriles del Estado y de Inmobilar (administra muebles e inmuebles incautados) realizaron plantones en rechazo a cierres y fusiones ordenados por el gobierno.
Ambas empresas forman parte de 10 empresas públicas que serán cerradas o fusionadas, según anunció Moreno.
