"Ayer (21 de mayo) en la Asamblea de toda la estructura de la Conaie hemos decidido, por ahora, enfocarnos en salvar vidas, cuidar y proteger a nuestras comunidades. A su debido tiempo saldremos a las calles, tal como lo hemos hecho, para rechazar y exigimos señor Presidente derogue estos decretos que afectan al pueblo ecuatoriano", dijo Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en rueda de prensa virtual.
En esa línea, el consejo político de la organización indígena, a través de un comunicado expresó que respalda y apoya las protestas, sin embargo decidió priorizar la vida y proteger la salud en los territorios indígenas ante el azote del COVID-19
La Conaie rechaza la aprobación de las leyes humanitaria y de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, aprobadas el 16 de mayo por la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) así como las medidas económicas anunciadas el 19 de mayo por Moreno.
Según la organización, dichas leyes violentan los derechos establecidos en los convenios de la OIT y la propia Constitución de Ecuador al legalizar la precarización y flexibilización laboral, lo cual está generando despidos masivos, el desmantelamiento del sector público y su posterior privatización.
Ante ello, conjuntamente con otros sectores sociales, la organización presentará una demanda de inconstitucionalidad de esas leyes.
A finales de noviembre, la Fiscalía de la Nación de Ecuador abrió una investigación en contra de Jaime Vargas, presidente de la Conaie, Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y de otros líderes indígenas por los presuntos delitos de instigación a sabotaje, rebelión y terrorismo.
En contra de los dirigentes indígenas hay varias denuncias, entre ellas de un excandidato a la Prefectura de Pichincha (cuya capital es Quito), por las violentas protestas registradas en octubre que culminaron con la derogación, por parte de Moreno, de un decreto que eliminó los subsidios a los combustibles.