El conflicto comenzó el 29 de abril pasado cuando el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emitió un 'acuerdo de emergencia', que "impide por un plazo indefinido la entrada en operación de nuevas plantas de energía renovable, y limita la generación de centrales de operación fotovoltaica y eólica", dijo a Sputnik el abogado Darío Lamanna, posgraduado en derecho energético internacional.
El asesor de empresas del sector energético en Latinoamérica advierte que este acuerdo gubernamental debió pasar por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, "cumpliendo con el periodo de escrutinio público donde las partes interesadas podrán expresar sus opiniones y sugerencias de mejoras".
Sin embargo, las empresas argumentan que ese procedimiento se incumplió, afectando a 28 proyectos solares y eólicos listos para operar, y otros 16 en construcción, con una inversión total de 6.400 millones de dólares, la mayoría extranjera.
Ante una reducción de la demanda de energía causada por la pandemia de COVID-19, desde el 3 de mayo pasado, el Cenace ordenó suspender las pruebas operativas preliminares de las centrales eólicas y fotovoltaicas, y les prohibió conectarse con el sistema eléctrico.
Las compañías europeas representan a "más de 18.000 empresas", con más de 160.000 millones de dólares de la inversión extranjera en México, protestan por la decisión de "cambiar las reglas del sector energético sin seguir el canal institucional marcado por la ley".
El Gobierno impuso pruebas y limitaciones a los nuevos proyectos solares y eólicos, causando "un grave daño a la confianza de los inversionistas, no solo en el sector de las energías renovables, sino de forma transversal en los demás sectores", dicen las empresas europeas, que en 95% son pequeñas y medianas.
Acuerdo "discrecional"
El Consejo Coordinador Empresarial afirma que la decisión afectará inversiones totales por 30.000 millones de dólares.
Por su parte, la especialista en derecho energético internacional Elvira Macín dijo a Sputnik que las medidas "quedan abiertas al arbitrio de la autoridad".
Las medidas que limita la generación con fuentes de energía renovables, que son intermitentes por su naturaleza, dependen del viento y la luz solar, "deja la puerta abierta para el despacho discriminatorio de centrales eléctricas convencionales".
Esas centrales convencionales que prefiere el Gobierno utilizan otras fuentes como el gas y el combustóleo, que ha desencadenado airadas protestas entre organizaciones ambientalistas.
Además, Macín recuerda que México "tiene metas de generación de energías limpias y el reto es que el 35% de la energía que generemos en 2024 sea limpia", cuando en 2018 fue de solo 23%.
El Gobierno argumenta que los precios de las energías renovables son muy elevados.
La consultora admite que "hoy en día, el costo de generar energía con gas natural [importado de EEUU] es mucho más bajo que con una tecnología limpia, como la eólica, pero a largo plazo nos va a beneficiar no depender de importaciones y de la volatilidad del precio del gas".
Y puntualiza: el resultado de fondo es " frenar la inversión en energías limpias".
El coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, Ignacio Martínez, dijo a Sputnik que, luego de más de dos decenas de amparos judiciales otorgados, el Cenace "dio marcha atrás a las suspensiones provisionales de operaciones" de energías renovables.
Otro camino para Canadá y la Unión Europea, explica el doctor en Economía, "es acudir ante la Organización Mundial de Comercio".
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el 21 de mayo que no está en contra de las energías limpias, sino en contra de la corrupción en los contratos.
