"Luego de las comunicaciones recibidas de Odebrecht en los meses de diciembre de 2019 y marzo de 2020, la Secretaría Anti-Corrupción de la Presidencia de la República, la Contraloría General del Estado y la Procuraduría General del Estado han tomado la decisión de finalizar las conversaciones con la empresa brasileña", dijo la entidad en un comunicado de prensa.
El Procurador general de Estado, Iñigo Salvador, envío una comunicación a la compañía informándole de la decisión, adoptada luego de que Odebrecht condicionara la reparación al Estado ecuatoriano a que se le devuelva un dinero retenido por orden judicial.
El comunicado añadió que Odebrecht ha dicho que "actualmente no cuenta con recursos en el Ecuador que le permitan reparar al Estado en las dimensiones del daño causado, mostrando absoluta falta de seriedad de la intención expresada inicialmente (…) de indemnizar al Ecuador"
Odebrecht construyó importantes obras en Ecuador durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), una de ellas el poliducto Pascuales-Cuenca, en el que, según el gobierno actual de Lenín Moreno, hay serios problemas técnicos, sobornos y sobrecostos.
Según información oficial, la empresa entregó 47,3 millones de dólares en coimas en Ecuador para la obtención de contratos, dentro de la trama de corrupción que envolvió a la empresa en toda la región en el caso conocido como 'Lava Jato'.
Salvador también dijo que los organismos de control y las instituciones afectadas por los actos de corrupción e incumplimientos contractuales de la empresa iniciarán y continuarán las acciones legales para determinar el daño causado por Odebrecht.
La compañía mantiene en Ecuador obligaciones pendientes con el Estado y con sus proveedores.
