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Ultraderecha española recibe autorización para manifestarse en coche pese a la alarma

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MADRID (Sputnik) — La delegación del Gobierno español en Madrid otorgó su autorización para que la formación ultraderechista Vox realice una manifestación en coche en las calles de la capital el 23 de mayo, una protesta que había sido prohibida en primer término por el estado de alarma contra el COVID-19.
"Vox podrá manifestarse este sábado 23 de mayo en coche por las calles del centro de Madrid después de que la Delegación del Gobierno haya autorizado estas protestas al considerar que no generan un riesgo para la salud pública", informó la cadena pública Telemadrid.

La formación ultraderechista convocó a sus simpatizantes a una manifestación en coche que tendrá lugar el 23 de mayo en las principales ciudades del territorio español para protestar contra la gestión del Gobierno español durante la pandemia de COVID-19.

La protesta se realizará a través de marchas lentas en coche para intentar garantizar que no se incumplen las medidas de distanciamiento social contra el virus, pero en algunos lugares las autoridades locales pusieron trabas a la convocatoria al considerar que no está garantizada la seguridad.

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Por ejemplo, además de Madrid, la delegación del Gobierno español también decidió prohibir en un primer término la convocatoria en Castilla y León (territorio que todavía está en Fase 0 del confinamiento, la etapa más atrasada de las cuatro existentes, vigente también en Madrid).

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoció este 21 de mayo el derecho de Vox a manifestarse, señalando que la marcha no supone un peligro para la salud pública porque los manifestantes irán en vehículos cerrados.

No obstante, el tribunal subrayó que "los participantes en las manifestaciones han de adoptar las correspondientes garantías de seguridad sanitaria y, entre ellas, el uso de mascarillas, obligatorio ya en lugares públicos".

Esta decisión llega el mismo día en que la Fiscalía del Tribunal Supremo envió un texto a todos los fiscales del país fijando como criterio general que el estado de alarma no anula el derecho de reunión, si bien este debe estar siempre sometido a lógicas de precaución sanitaria.

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