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Trabajadores, estudiantes y sectores sociales protestan en la calles de Ecuador

© AP Photo / Fernando VergaraBandera de Ecuador
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QUITO (Sputnik) — Las medidas restrictivas que rigen en Ecuador para combatir el COVID-19 no fueron obstáculo para que trabajadores y diversos sectores sociales salgan a las calles a protestar en contra de la denominada Ley Humanitaria que fue aprobada en Ecuador y que flexibiliza el régimen laboral.
"Esa ley da al patrono todos los poderes, él puede decirle al trabajador que pagará con un descuento del 45%, con descuento de horas, pero le hace trabajar más y paga menos", dijo a esta agencia Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores de Ecuador (FUT), la principal organización sindical del país andino.

Trabajadores, maestros y universitarios, cargados de pancartas y gritando consignas contra la ley, salieron a las calles de Quito (norte); Guayaquil (oeste) y Cuenca (Sur) para protestar contra de la ley que permite reducir las jornadas de trabajo y las remuneraciones en los contratos de trabajo.

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En Quito la marcha se concentró en las afueras del edificio principal del sistema público de seguridad social, en el centro de la ciudad.

Dotados de mascarillas, gorras y ropa de manga larga para protegerse del contagio de COVID-19, los manifestantes pedían el distanciamiento de al menos dos metros entre sí, aunque a ratos resultó imposible.

Varios portaban banderas y carteles con leyendas como "Exigimos la estabilidad laboral, no a los despidos", "Comida y medicina para el pueblo".

A los trabajadores se sumaron otras organizaciones como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE).

Los dirigentes coincidieron en que pedirán a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de la denominada Ley Humanitaria enviada por el Ejecutivo al Parlamento y que el viernes fue aprobada con 74 votos, la mayoría de un total de 134 parlamentarios. 

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En Guayaquil (suroeste), la Federación Democrática de Trabajadores de Guayas también se sumó a las manifestaciones en contra de la ley. Uno de sus representantes, Freddy de la Torre, dijo que la norma "es un sueño hecho realidad para los empresarios porque da paso a la explotación laboral".

Asimismo, la mañana del lunes 18 en Cuenca (austro) decenas de personas asistieron a un plantón en los exteriores de la Gobernación para expresar su desacuerdo con la Ley Humanitaria.

Comerciantes, trabajadores y activistas sociales denunciaron que la nueva ley permite la precarización laboral.

Óscar Reinoso, presidente del Frente Unitario de esa ciudad, aseguró que la ley "quiebra los derechos fundamentales de los trabajadores, como la estabilidad laboral, una jornada de ocho horas diarias y el acceso a salarios dignos y justos".

También advirtió que la movilización será permanente si el presidente Lenín Moreno no veta la Ley y reconsidera las decisiones del Parlamento.

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La Ley Humanitaria permite la posibilidad de acuerdos entre empleadores y trabajadores para realizar contratos especiales emergentes, reducción hasta un 50% de la jornada de trabajo, reducción de las remuneraciones hasta un 55%, entre otros puntos.

La ley también contempla una serie de medidas para ayudar a los afectados por el COVID-19, entre ellas se establece que las instituciones educativas privadas, incluidos los centros de educación superior, no podrán suspender el registro de asistencia y evaluación de sus alumnos por retraso justificado en el pago de pensiones mientras dure el estado de excepción que rige en Ecuador desde hace dos meses y debe terminar en junio.

También prohíbe el incremento en tarifas o tasas de servicios básicos, incluidos telecomunicaciones e internet, hasta un año después del estado de excepción, establece una rebaja del 10% en la tarifa de energía eléctrica para quienes pertenezcan a los dos quintiles más bajos de ingresos durante marzo, abril, mayo y junio de 2020, establece la necesidad de llegar a acuerdos entre arrendatarios y dueños de inmuebles para el pago de cuotas atrasadas, entre otros aspectos.

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Este lunes 18 estudiantes universitarios también se concentraron en diversos puntos de Quito para protestar por los recortes presupuestarios de 98 millones de dólares que pretendía realizar el gobierno a la educación superior pública, aunque la intención fue frenada en días pasados por la Corte Constitucional.

Los protestantes también pidieron la destitución del ministro de Finanzas, Richard Martínez por atrasos en transferencias a las Universidades y la intención de recortar los presupuestos de estas casas de estudios.

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