La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribero, aseguró en rueda de prensa que el contexto de crisis ofrece "una oportunidad estupenda para orientar el proceso de recuperación hacia un modelo de prosperidad estable y respetuoso con los límites del planeta".
La norma establece como objetivo lograr la neutralidad climática para el año 2050, fijando para 2030 una meta intermedia consistente en reducir las emisiones al menos un 20% respecto a los niveles de referencia de 1990.
"En la práctica esto supone retirar una de cada diez toneladas de gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera", explicó Ribero sobre esa meta intermedia.
En cuanto al suministro energético, el proyecto del Gobierno sitúa que para 2030 el 35 por cien del consumo final de energía debe ser de origen renovable, un porcentaje que aumenta al 70 por ciento en lo referente a la energía producida por España.
Sobre la movilidad, el plan aplaza hasta 2040 el objetivo de que todos los vehículos sean de emisiones cero, lo que supone una patada a seguir en el sector del trasporte por carretera, responsable de alrededor del 25% de las emisiones en España.
Para alcanzar estos objetivos el anteproyecto de ley contempla la movilización de 200.000 millones de euros —el 70% mediante capital privado y el resto público— en distintos planes inversión entre 2021 y 2030.
De acuerdo con los cálculos del Gobierno español, el proceso de cambio hacia una economía verde puede generar entre 250.000 y 300.000 empleados para el año 2030.
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Por el momento el plan no establece un porcentaje concreto de los fondos estatales que se deberán destinar de forma anual a luchar contra el cambio climático y se limita a apuntar que el porcentaje será el mismo que conste en los marcos financieros plurianuales de la Unión Europea.
Durante la presentación de este proyecto ante la prensa, Teresa Ribero afirmó que "esta ley refleja lo que queremos ser como país, aumentando la contribución a la lucha contra el cambio climático y facilitando el cumplimiento de los Acuerdos de París".
La aprobación de este anteproyecto de ley dibuja un horizonte en el que España sitúa la transición ecológica como un eje sobre el que pivotar parte de su economía tras la crisis del COVID-19, aunque por el momento sólo se trata de un proyecto en pañales que debe pasar múltiples trámites y procesos de consulta antes de convertirse en ley.
