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Jueza niega pedido de prisión preventiva para exsecretaria de Gestión de Riesgo en Ecuador

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QUITO (Sputnik) — Una jueza de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador negó un pedido de prisión preventiva que hizo la Fiscalía en contra de la exsecretaria de Gestión de Riesgos en un caso por supuesto tráfico de influencias en la compra de 7.000 kits de alimentos para atender la emergencia del COVID-19.
"Pese a pedido fundamentado de prisión preventiva por parte de Fiscalía Ecuador, para Alexandra O, extitular de Riesgos y cuatro funcionarios más, jueza dispuso prohibición de salida del país, presentación periódica y otras medidas", dijo la Fiscalía de Ecuador en su cuenta de la red social Twitter.

De acuerdo con la acusación de Fiscalía, los procesados no consideraron el mejor costo para el Estado al pretender adjudicar la contratación de 7.000 kits de alimentos, que debían ser entregados a la población afectada por la emergencia sanitaria por el COVID-19.

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Según la Contraloría de la Nación, la Secretaría de Gestión de Riesgos adjudicó esos kits por 1,1 millones de dólares cuando en realidad debió pagar 706.790 dólares.

La compra, sin embargo, no se llegó a concretar.

El proceso no tuvo estudios de mercado ni se verificó la capacidad legal del posible adjudicatario, que había cambiado su actividad económica el mismo día en que presentó su oferta, dijo la Fiscalía.

De manera reservada y con medidas de bioseguridad se realizó el lunes en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, la audiencia de formulación de cargos, por supuesto de tráfico de influencias, pedida por la Fiscalía en contra de Alexandra Ocles y otros cuatro funcionarios de esa dependencia.

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La diligencia duró más de tres horas, luego de lo cual la jueza ordenó el inicio de la instrucción fiscal por 90 días.

La jueza además, prohibió la salida del país y ordenó para los cinco implicados la presentación periódica ante un magistrado, así como la retención de 5.000 dólares a cada procesado —de sus cuentas en el sistema financiero— para cumplir con una posible reparación integral y la prohibición de enajenar bienes por 475.638 dólares.

El defensor de Ocles, Guido Prado, aseguró a medios de comunicación que la Fiscalía no es objetiva y que le sorprende que, antes de rendir versiones, haya solicitado la formulación de cargos.

El Código Integral Penal de Ecuador establece una pena de entre tres y cinco años para el delito de tráfico de influencias.

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