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"México ya no será tierra de conquista": AMLO acusa conspiración y saqueo de trasnacionales

© Sputnik / Mariya SenenkoBandera de México
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su disposición a defender en tribunales las medidas del Gobierno federal adoptadas en la industria eléctrica, que han sido rechazas por todas las cámaras empresariales denunciando violaciones a los contratos con compañías productoras de 'energías limpias', como la eólica y solar.
Las empresas "están en su derecho [de apelar en tribunales], el Gobierno representa a todos los mexicanos, es uno de los cambios sustanciales más importantes, lo que distingue a la nueva etapa que se está viviendo en México, en lo que tiene que ver con las actividades públicas, la separación entre poder económico y poder político", respondió el mandatario.

El acuerdo ratificado el pasado 15 de mayo fue rechazado por compañías energéticas internacionales que desarrollan 28 proyectos eólicos y solares por unos 30.000 millones de dólares, argumentando que favorecen a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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El Consejo Coordinador Empresarial (CEE), que integran 12 gremios industriales y comerciales, la American Chamber de México (EEUU) y el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales rechazaron el 17 de mayo el llamado 'Acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional', publicado unilateralmente por la Secretaría Federal de Energía.

El CEE argumenta que el acuerdo "atenta contra la legalidad, la certeza jurídica y la libre competencia económica del sector energético del país".

"Conspiración" contra Pemex y la CFE

López Obrador sostiene que con la reforma energética de 2013, que puso fin a ocho décadas de monopolios del sector, las empresas privadas, nacionales y extranjeras, "se habían apoderado del sector energético y estaban conspirando para destruir Pemex [Petróleos Mexicanos] y la CFE".

"México ya no será tierra de conquista", exclamó, al abordar el tema en conferencia de prensa.

El presidente afirmó que "antes el poder económico dominaba y se atendía el interés de los grupos de intereses creados, solo de los hombres de negocios y no se atendía el interés del pueblo de México".

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El jefe de Estado argumentó que se trata de "contratos leoninos favorables a las empresas particulares, tanto en adquisición de gas como en compra de energía eléctrica".

Afirmó que el plan consistía en "cerrar las plantas de generación de la CFE para dejarlo todo a particulares, al grado que llegaron a venderle a la CFE el 50% de toda la energía".

La CFE, respondió que el acuerdo "no vulnera el Estado de derecho, porque no se cambian las leyes, sino que se mejoran las reglas de aplicación para proteger el interés general, a fin de que no se causen apagones generalizados".

La secretaria federal de Energía, Rocío Nahle, recibió sendas cartas de preocupación de parte de los embajadores de Canadá y representantes de 19 países de la Unión Europea (UE), que se comprometió a responder esta semana.

Jean-Pierre Bou, encargado de negocios de la UE considera en su misiva que algunas decisiones gubernamentales están afectando al sector de energías limpias, "tales como la suspensión indefinida de las subastas de electricidad de fuentes de energía limpia y el cambio de la regulación de los Certificados de Energía Limpia".

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Graeme Clark, embajador de Canadá, dice en otra carta pública que "empresas como ATCO, Canadian Solar, Cubico Sustainable Investments y Northland Power han confiado en México para sus inversiones; sin embargo, las medidas tomadas ponen en riesgo a corto plazo inversiones por aproximadamente 450 millones de dólares, así como la creación de 1.000 empleos".

Y la American Chamber de México aseguró que las nuevas reglas "vulneran valores fundamentales" como el Estado de derecho, la legalidad, libre comercio, competencia y responsabilidad social.

El gremio empresarial estadounidense señala que el acuerdo "fue publicado incumpliendo el tiempo de consulta pública que establece la normatividad".

Según las empresas, con el argumento de lograr "confiabilidad a la red" eléctrica, las reglas generan barreras para nuevos generadores, principalmente de tecnologías limpias.

Los organismos empresariales comenzaron a presentar amparos judiciales que escalarán hasta llegar a instancias de arbitraje nacional e internacional. 

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