"La Federación de Rusia presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos en el que exige revocar la decisión de la Corte de Apelaciones de La Haya sobre la demanda de los accionistas mayoritarios de la antigua petrolera Yukos que obliga a Rusia a pagarles 57.000 millones de dólares como indemnización de las pérdidas que supuestamente sufrieron", señala el texto.
El 18 de febrero de 2020, la Corte de Apelaciones de La Haya falló que Rusia debe pagar 50.000 millones de dólares a los exaccionistas de Yukos. El Ministerio de Justicia ruso declaró entonces que recurriría el fallo ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos.
Según explicaron a Sputnik en el Ministerio de Justicia, la suma del pago ascendió a los 57.000 millones de dólares debido a las multas acumuladas.
El ministerio comentó además que la Corte de Apelaciones de La Haya hizo caso omiso de las múltiples infracciones a las normas anticorrupción y antiblanqueo cometidas por los demandantes.
"El control de los activos de la petrolera pasó a manos de los accionistas de Yukos que recurrieron a la colusión, transacciones ficticias y soborno a funcionarios encargados de la privatización de la empresa. Es más, las compañías ficticias ubicadas en paraísos fiscales y controladas por nacionales rusos no pagaron las acciones de Yukos y por lo tanto no hicieron ningún aporte a la economía rusa", indica el comunicado.
Dice además que durante la gestión de Yukos por sus expropietarios se dieron numerosos casos de evasión fiscal, desvío de activos al extranjero, lavado de dinero y otras violaciones a la ley.
"Por eso los demandantes, que tienen las 'manos sucias', no pueden considerarse inversores escrupulosos en el sentido del Tratado de la Carta de la Energía que están alegando, y además, existen pruebas de que los oligarcas rusos sobornaron al testigo principal del caso", explicaron en el ministerio.
"En realidad, los demandantes eran oligarcas rusos beneficiarios de Yukos. El tribunal tuvo pruebas irrefutables de los vínculos entre los nacionales rusos y los demandantes, y por esta razón los demandantes no pueden considerarse inversores extranjeros", precisa el comunicado.
De modo que el fallo de la Corte de Apelaciones de La Haya —explica el ministerio— no corresponde a la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ya negó la 'motivación política' y el 'carácter represivo' de las medidas fiscales adoptadas por Rusia con relación a Yukos.
"El TEDH confirmó que los organismos fiscales rusos actuaron legítimamente al calcular los impuestos que debía pagar Yukos. La Corte de La Haya no hizo caso a la evasión fiscal practicada por Yukos e ignoró las numerosas pruebas del uso de empresas ficticias por parte de Yukos en las regiones con imposición privilegiada, hechos ya confirmados por el tribunal", agregó el Ministerio de Justicia de Rusia.
El caso Yukos se remonta a una revisión fiscal llevada a cabo en 2003, cuando los directivos de la petrolera fueron acusados de elaborar un esquema de evasión fiscal utilizando empresas ficticias registradas en paraísos fiscales.
Posteriormente Yukos se declaró en quiebra y sus activos fueron adquiridos por la empresa pública Rosneft.
