"La decisión del Ministro Javier Laynez Potisek de retirar su proyecto de sentencia sobre un amparo en revisión (928/2019), relativo a la Ley Minera y los derechos de pueblos y comunidades indígenas (…), constituye una señal positiva de apertura para escuchar al pueblo maseual, así como a la sociedad preocupada por el tema", dice un posicionamiento de las comunidades originarias ante el retiro del dictamen.
El proyecto tenía como fecha de votación el miércoles 13 de mayo, por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre un recurso legal de amparo, presentado por el pueblo maseual.
El proceso legal comenzó en septiembre de 2014, cuando una asamblea de alrededor de 3.000 indígenas de la comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan, estado de Puebla (centro), ejercieron su derecho a la autonomía.
En aquella ocasión, la comunidad de ese pueblo ancestral de la sierra encomendó al Consejo Maseual "emprender acciones para defender su territorio frente a la amenaza de diversas concesiones mineras otorgadas por la secretaría federal e Economía en su territorio".
La respuesta pública, que considera un triunfo la decisión del magistrado, está firmado por el Consejo Maseual Altepetajpianij, el Consejo Tiyat Tlali, y el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Puebla).
La notificación también está suscrita por dos organizaciones ecologistas asesoras: el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el internacional Environmental Defender Law Center (Centro Defensor de Derecho Ambiental).
Un paso en un largo camino
Las comunidades que rechazan las concesiones mineras esperan que el paso dado por la Segunda Sala del máximo tribunal abra la puerta a otros procesos comunitarios abiertos.
Un 35% del territorio mexicano se encuentra concesionado a empresas mineras, lo que genera conflictos sociales y ambientales, debido a que han afectado territorios, formas de vida y derechos humanos de las comunidades, argumentan los abogados ambientalistas.
"Esperamos que el sentido del proyecto sea reconsiderado para que sea una decisión ejemplar, que garantice los derechos del pueblo maseual de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales correspondientes, y que declare la inconstitucionalidad de la Ley Minera", desafían los ecologistas.
El litigio busca sumarse a la lucha de los pueblos indígenas "para poner fin a la violencia estructural, a la violencia de Estado".
Consideran que, desde su origen, esa ley debió ser consultada por el Congreso mexicano con las comunidades, y regular los mecanismos para proteger sus derechos fundamentales: al territorio, al agua y la autodeterminación.
"Como muchos pueblos originarios y grupos equiparables, buscamos una Vida Buena, 'Yeknemilis' como decimos en la lengua maseual, y no podemos estar bien sino tenemos una paz social en nuestros territorios, donde los proyectos extractivos, como la minería destructiva, agreden directamente a nuestra forma de ser y estar con el entorno", puntualizan.
El proyecto de resolución se limitaba a afirmar que el contenido de la Ley Minera no se vinculaba directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados, argumento que es rechazado por las comunidades indígenas.
