La declaración fue firmada por la directora ejecutiva de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ghada Fathi Waly; el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus; la directora ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, Winnie Byanyima, y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La declaración insta "a todos los responsables de los diferentes países a adoptar las medidas necesarias en materia de salud pública, para atender a las necesidades de esta población vulnerable".
"Si bien sabemos que el riesgo de que el COVID-19 se adentre en las cárceles y en otros centros de detención varía de un país a otro, insistimos en la urgencia con la que es necesario minimizar la presencia de la enfermedad en estos entornos", añade la nota.
Además, subraya la importancia de garantizar la aplicación de las medidas preventivas necesarias para evitar brotes aún mayores del coronavirus.
Los organismos de la ONU también piden evitar la sobrepoblación observada en muchos centros de detención "que mina la higiene, la salud, la seguridad y la dignidad humana" y "constituye un obstáculo insuperable de cara a la prevención, la preparación o la respuesta" al nuevo coronavirus.
"Los animamos a todos a esforzarse por adoptar otras medidas no privativas de libertad. Estos esfuerzos deberían abarcar también mecanismos de liberación para las personas con mayor riesgo de contraer la COVID-19, como la gente mayor y los presos con enfermedades previas", dice la nota.
Del mismo modo, se propone liberar también a las personas cuya libertad no comprometa la salud pública, por ejemplo, individuos condenados por delitos menores y no violentos, sobre todo a las mujeres y los niños.
