Argentina se encuentra en un momento crítico. Busca sostener el impacto social de la pandemia de COVID-19 y el golpe a la producción económica provocada por la combinación de recesión y cuarentena, que a su vez genera mayor desigualdad y pobreza en los barrios y distritos más vulnerables.
Sobre este último punto están puestas las mayores expectativas ya que se trata de uno de los pocos sectores generadores genuinos de divisas: 6 de cada 10 dólares fruto del comercio exterior provienen de la industria agroexportadora.
Sin embargo, existe un pasado de tensión entre el oficialismo y los sectores conservadores del campo, que se inscribe en diferencias ideológicas circunscritas a la discusión por las retenciones, impuestos a los derechos de exportación de granos, cereales y productos regionales.
En un país afectado por la restricción externa —dificultades para el ingreso de dólares sumado a la imposibilidad de financiamiento en el mercado de capitales por estar en default virtual desde 2019—, resurgen propuestas que apuntan a que el Estado vuelva a tomar control de la comercialización agrícola, dominada hoy por grandes corporaciones que gozan de enormes beneficios.
Junta Nacional de Granos: proyecto y reacción
"La Junta Nacional de Granos mantuvo la regulación y control de la producción de cereales y oleaginosas durante casi 60 años, pasando por diferentes realidades internas y externas, basada fundamentalmente en la convicción de que, por la importancia que tiene este sector para la economía nacional, no puede quedar desregularizada y en manos de privados, que generalmente responden a intereses foráneos o particulares", escribió García Larraburu en el texto presentado en el Congreso.
Se trata de la cuarta vez que la senadora ingresa el proyecto y tomó relevancia en este contexto ya que durante la campaña electoral, en septiembre de 2019, el actual canciller, Felipe Solá, también abogó por el retorno a este mecanismo.
Tanto entonces como ahora, sectores conservadores entre los productores agropecuarios nacionales, así como las multinacionales involucradas, demostraron su rechazo a todo intento de intervención estatista. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca negó que esta sea una prioridad de la gestión en este momento de crisis.
El poder de las cerealeras
"La Junta Nacional de Granos hacía posible el control de las divisas a tiempo real. Hoy las 'cerealeras', que además de privatizadas son extranjerizadas, tienen la posibilidad de liquidar los dólares de lo que venden hasta 10 años después de realizada la venta", dijo a Sputnik el sociólogo e historiador Juan Manuel Villulla, investigador en el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios de la Universidad de Buenos Aires.
Las cerealeras están exentas de la obligación de liquidarle al Banco Central los dólares en el corto plazo. Además hay otro agravante: hoy estas empresas son los agentes que les retienen los derechos de exportación a los productores directos. "El control de este impuesto está en manos de capitales privados, monopólicos y extranjeros", especificó el académico.
"Se les ha cedido un control estratégico que hoy usan para condicionar a los gobiernos. Están parados arriba de los dólares de uno de los embudos exportadores más importantes de Argentina y desde ahí presionan para sostener ese poder. Entonces hay un conflicto político en puerta si se encaran esos privilegios", esgrimió Villulla, autor del libro Las cosechas son ajenas: historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocio.
¿Qué fue la Junta Nacional de Granos?
"La Junta Reguladora de Granos fue creada en el marco de la crisis económica mundial de la década de 1930. La idea fue crear un sistema de compras estatal que garantizara a los productores un precio mínimo ante la depresión mundial de los precios de las commodities", narró el docente universitario.
Fue creada por un gobierno conservador oligárquico no elegido por la voluntad popular para salvaguardar los intereses de los grandes terratenientes argentinos y estaba financiada por el desdoblamiento cambiario, uno para exportar y otro para importar. Esto aseguraba el flujo de dinero para que los productores chacareros pudieran pagar los alquileres a los dueños de la tierra.
Como consecuencia del Plan Marshall, el programa de recuperación económica de la Europa de posguerra encarada por inversiones de EEUU, los precios de los granos vuelven a caer y Argentina, todavía durante la presidencia de Perón, vuelve a subsidiar la producción local.
"Luego del golpe de Estado a Perón, la Junta se mantuvo en períodos muy inestables en Argentina pero nunca volvió a tener un rol tan trascendental porque no intervino en el mercado local de granos de una manera tan decisiva. Era una intermediación que no influía demasiado en la apropiación de excedentes por el Estado ni en el subsidio a productores", comentó.
A partir de la llegada la presidencia de Carlos Menem (1989-1999), se encara una reforma neoliberal del Estado con un plan de privatizaciones de los organismos públicos, que incluye la desregulación total del mercado de granos y la disolución de la Junta Nacional, legitimada en su momento por su función exclusivamente burocrática.
