"El decreto supremo en ningún momento establece tratar de ir en contra de la libre expresión, sobre todo de los periodistas", dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, en respuesta a consultas de reporteros sobre el rechazo interno y externo a una reciente disposición que castiga penalmente la "desinformación".
El Gobierno transitorio de Jeanine Áñez había ya fijado penas contra la "desinformación" en decretos previos sobre la lucha contra la pandemia de COVID-19, acusando a políticos y activistas supuestamente ligados al Movimiento Al Socialismo (MAS) de promover una campaña contra la cuarentena nacional.
Ante preguntas sobre las duras críticas de empresarios y trabajadores de medios, así como de organismos internacionales, Núñez justificó la medida arguyendo que solo afectaría a una minoría aparentemente subversiva.
"La libertad de expresión en los temas de periodismo está (garantizada) en la Ley de Imprenta, está en la Constitución Política del Estado", aseguró el ministro.
Añadió que el Gobierno considera que está actuando en defensa del 98% de la población "que está respetando la cuarentena quedándose en casa".
Entretanto, organismos internacionales se sumaron al rechazo interno al polémico decreto gubernamental sobre la libertad de expresión, que curiosamente fue publicado el pasado domingo 10, cuando se celebraba el Día del Periodista Boliviano.
Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo vía Twitter que "no es compatible con sistema interamericano uso del derecho penal para expresiones de interés público".
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo en la misma red social que castigar penalmente a quien genere "incertidumbre" significa "usar el COVID-19 para pisotear la libertad de expresión de los bolivianos".
Al menos dos activistas de redes sociales fueron detenidos en los últimos días acusados de desinformación y sedición, según reportes periodísticos.
