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Los juzgados españoles retoman su actividad entre denuncias por falta de protección

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MADRID (Sputnik) — Los juzgados españoles empezaron a retomar su actividad tras semanas detenidos por la crisis del coronavirus, una vuelta al trabajo marcada por las denuncias de los sindicatos del sector sobre la falta de medidas para proteger la salud de los funcionarios.

Según una guía elaborada por el Ministerio de Justicia, los juzgados entran este 12 de mayo en una etapa denominada "inicio de la reincorporación programada", que implica "la vuelta al servicio del 30 o 40% de la plantilla tanto en los órganos judiciales y fiscalías".

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Esta primera etapa tendrá una duración de al menos una semana, bajo la previsión de que dentro de siete días pueda volver a la actividad el 70% de la plantilla.

Pese a la reapertura de los juzgados, la atención al público se realizará generalmente por vía telemática a partir de ahora.

"Si es necesario un trámite presencial, se organizará necesariamente a través de cita y manteniendo la distancia de seguridad y respetando un aforo máximo para garantizarla", señala la guía del ministerio.

De hecho, una de las medidas estrellas que contempla la administración española para evitar contagios en el ámbito judicial es la celebración de juicios telemáticos.

En cuanto a la protección de los trabajadores, las directrices ofrecidas por el Ministerio de Justicia establecen una división del trabajo en horarios extendidos para evitar aglomeraciones entre funcionarios, obligados a guardar una distancia de seguridad de dos metros entre sí.

​La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en el sector, denuncia que pese a estas medidas no se dan las condiciones para retomar la actividad en un entorno seguro.

"Las medidas de seguridad laboral que se plantean junto con esta desescalada no son suficientes para proteger la salud del personal de justicia que se deba incorporar a su puesto de trabajo", denuncia el sindicato en un comunicado.

Según denuncia CSIF, los protocolos establecidos no contemplan la realización de test a los funcionarios, algo que contrasta con la decisión del Consejo General del Poder Judicial de someter a pruebas a los jueces y magistrados.

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Del mismo modo, la administración no garantiza la provisión efectiva de material individual de protección para el personal ni tampoco se contempla la posibilidad de que un funcionario pueda cesar su actividad hasta que no se le otorgue dicho material.

Además, los sindicatos denuncian como incoherente que la administración de justicia aplique un plan para la desescalada común para todo el país cuando no todos los territorios se encuentran aplicando los programas de desconfinamiento a la misma velocidad.

Pese a estas denuncias, los juzgados volvieron a abrir sus puertas este 12 de mayo con la vista puesta en dar salida al atasco de causas acumuladas tras estas semanas de parálisis.

Con el objetivo de intentar evitar el colapso judicial, el Gobierno decidió habilitar el mes de agosto como hábil para el trabajo, por lo que este año no se producirá el habitual parón veraniego de la administración.

 

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