La precariedad laboral, un riesgo para los sanitarios de Ciudad de México ante el COVID-19

© REUTERS / Carlos JassoUn médico del Hospital Juárez de México durante la pandemia de COVID-19, Ciudad de México
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Tres de los primeros cinco hospitales elegidos como centros COVID para concentrar la atención a pacientes contagiados con el nuevo coronavirus en Ciudad de México tienen modelos precarios de contratación que vuelven más laxa la responsabilidad del patrón y del Gobierno ante la salud de sus trabajadores.

Contratos temporales, rotación de servicios, polivalencia, subrogación y outsourcing son los males estructurales que acechan la seguridad de los trabajadores del sistema de salud mexicano, un riesgo oculto que los deja sin un verdadero respaldo para su tarea en la primera línea de atención de la pandemia.

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Mientras las estrategias publicitarias se esmeran en presentar a los médicos, enfermeros, técnicos y trabajadores de mantenimiento y servicios como héroes, esto oculta que en realidad son trabajadores enviados a la guerra contra COVID-19 sin armas.

"La reforma laboral en México también impactó al sector de salud, pues todos los fenómenos que acompañan la flexibilización de las relaciones laborales, que tienen que ver con todas las dimensiones de la precariedad, pueden ser identificadas en el sector", dijo a Sputnik Jorge Martínez Valero, politólogo, maestro en salud pública especializado en precariedad laboral y, además, enfermero operativo con 30 años de experiencia.

Una estructura desarticulada

El sistema de atención en salud mexicano es, en realidad, un conjunto de subsistemas variados, divididos en dos áreas. La primera es dominada por dos grandes institutos que tienen que atender la seguridad social de los trabajadores: el mexicano de seguridad social (IMSS) y el de seguridad social de los trabajadores del Estado (ISSSTE).

Aparte está la Secretaría de Salud federal, que fue fundada en 1943 al igual que el Instituto mexicano de seguridad social para atender a la población denominada no derechohabiente. Existe una tercera rama del sector destinada a la atención específica de los militares del Ejército, de la Marina y para los trabajadores de la petrolera estatal (Pemex).

"Estos diversos sistemas son todos públicos. En el caso del IMSS, tiene una conformación tripartita que sostiene la atención, conformada por aportes del patrón, el Estado y los trabajadores", señaló Martínez Valero. 

"Hay otras formas interesantes en el país en torno a los hospitales del tercer nivel de atención que se gobiernan de manera autónoma, como el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, el Instituto Nacional de ciencias médicas y nutrición Salvador Zubirán e, incluso, el Hospital General Dr. Manuel Gea González que se sostienen por las cuotas que los propios usuarios dan a esas instituciones", explicó la fuente.

Estos replican el modelo de los organismos públicos descentralizados que son los hospitales regionales de alta especialidad conocidos como H-Rae, de los que hay seis en el país (Bajío, Guanajuato, Oaxaca, Península de Yucatán, Chiapas, ciudad Victoria, Tamaulipas, Ixtapaluca y Estado de México). Luego, hay hospitales civiles en los estados de la República mexicana y otros regionales. 

"La oferta de atención en salud es diversa y cada institución tiene ubicado al grupo de personas que suelen acudir a sus servicios, pero las modificaciones que los gobiernos tecnócratas han aplicado para desarticular el sistema de seguridad social mexicano afectó al sistema en su conjunto, así como también replanteó la jubilación y pensión de sus trabajadores", señaló la fuente.

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"En el sistema de atención en salud se han aplicado fenómenos de subrogación de contratación de servicios no sólo para el personal de limpieza, sino también la vigilancia y los laboratorios. La última iniciativa del IMSS en este sentido fue la idea de no comparar camas para los hospitales sino rentarlas, argumentando que así les salía más barato", señaló el experto.

Para él, el gran caballo de Troya que entró en los servicios de salud pública de la mano de Julio Frenk Mora —secretario de Salud durante el Gobierno de Vicente Fox entre 2000 y 2006 y hoy un opositor público de la estrategia del Gobierno ante el COVID-19— es el replanteamiento de las relaciones laborales en todo el sistema.

Contingencia de COVID-19

Esta flexibilización no fue exclusiva para el sector salud, sino que es parte del modelo laboral que ha pautado la característica más sobresaliente de la fase actual de acumulación capitalista, en la que "prima una lógica que sostiene que es posible optimizar lo que ellos denominan productividad a través de un replanteo de las relaciones laborales", dijo Martínez Valero a Sputnik. Un replanteo que ha desnudado la orfandad en que ha dejado a los trabajadores para protegerse ante la actual contingencia sanitaria.

"Este planteo tiene como primera divisa declarar obsoletas las antiguas relaciones laborales fundadas en el trabajo de base y resguardado en un contrato colectivo, para dar paso a las formas de relación individuales", explicó. 

Este formato se consolidó con la lógica del Seguro popular, el sistema de financiamiento de pólizas para los usuarios de salud mexicanos que abrió la puerta a las contrataciones individuales de trabajadores del sector, por fuera de los contratos colectivos de trabajo. Aunque ha sido sustituido actualmente por el Instituto de Salud para el bienestar (Insabi), la lógica individual permanece. 

Reconocidos como trabajadores precarios incluso en sus recibos de sueldo, el sistema asumía públicamente la creación de una nueva categoría de trabajadores con menor seguridad que los demás. Así, inició un proceso de estratificación de trabajadores que nunca han conseguido el mismo nivel de prestaciones o derechos que los de base.

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"Generaron estratos en la Secretaría de Salud e incrementaron el número de trabajadores por honorarios, contratados por hora o por tarea. Así, se generó un crisol importantísimo de trabajadores que se han vuelto mayoría en el modelo de atención de Ciudad de México, en lo que se conoce como la red de hospitales de Sedesa", dijo la fuente.

Sedesa es la Secretaría de salud de la Ciudad de México, cuya titular actual es la epidemióloga Oliva López Arellano. Cuenta con 32 hospitales en la capital mexicana. 

"En la red hospitalaria de Sedesa se asimiló y profundizó el modelo de contratación precaria, cuyo número creció desplazando a los de base. Se fundaron hospitales donde todos los trabajadores son de este tipo, como el hospital de especialidades Belisario Domínguez en Iztapalapa, el Hospital Ajusco Medio y el General de Tláhuac, los tres con el modelo de contratación de trabajadores temporales", señaló Martínez Valero.

Esos tres hospitales mencionados, junto al Hospital Dr. Enrique Cabrera y el pediátrico de la Villa, fueron los primeros elegidos como centros COVID para atender a la población infectada con el nuevo coronavirus. Ante su saturación, se han ido agregando más. 

"Puesto que las relaciones laborales que tienen ahí no obligan al patrón a respetar las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores, a ellos se les pudo aplicar más fácilmente la obligación de atender a pacientes infectados. Esa es la lógica de su elección", concluyó la fuente.

Mientras las cifras oficiales estiman que un 15% de los infectados es personal de atención en salud, el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantuvo la regla de la precariedad para el ingreso de nuevos trabajadores ante la contingencia por COVID-19: se ofrecen contratos de trabajo temporal durante tres meses para el personal que acepte estar al frente de la contención en México de la pandemia más grave del último siglo. Aún a riesgo de su propia salud. 

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